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Juchitán, Oaxaca
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer la convocatoria dirigida a autoridades municipales y agrarias de 12 naciones originarias para que participen en las Asambleas Regionales Consultivas sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que realizarán simultáneamente en cinco municipios del sur de Oaxaca y dos de Veracruz.
La convocatoria asegura que para el nuevo gobierno los pueblos indígenas no pueden ser ajenos del proceso de transformación y deben ser sujetos de derecho. El documento contempla “procesos de consulta” para casos de posible afectación directa a las tierras y recursos naturales de las comunidades indígenas o cualquiera otra que implique un impacto significativo, de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según la convocatoria, se busca “recibir opiniones, propuestas, sugerencias y planteamientos de los pueblos indígenas con relación al contenido del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a fin de que sean incorporadas en su “diseño e implementación” y se logren acuerdos con las comunidades del área de influencia.
La materia de consulta es el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador y, de manera particular, la rehabilitación-reconstrucción del Tren Transístmico, que tiene una asignación presupuestal de 900 millones de pesos del gobierno federal.
“Una farsa”
Tras conocer la convocatoria fechada el 14 de marzo y difundida esta semana entre los pueblos originarios del Istmo, dirigentes de organizaciones sociales y activistas cuestionaron el procedimiento porque no se apega al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido de que toda consulta indígena debe ser previa, libre e informada.
El asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, señala que la convocatoria “es un intento apresurado para cubrir las formas, una simulación que pretende imponer un proyecto neoliberal, que no responde a las necesidades de las comunidades indígenas de Oaxaca”.
Explica que los municipios que serán sede de las Asambleas Regionales Consultivas no están en la zona donde impactará la rehabilitación-construcción del Tren Transístmico. Son localidades periféricas y su elección se debe a que son municipios donde están los Centros Coordinadores del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Denuncia que en comunidades que serán impactadas por el plan interoceánico, como Salina Cruz, Tehuantepec, Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Matías Romero y San Juan Guichicovi, no se realizarán las asambleas.
Betina Cruz, activista zapoteca defensora del territorio, coincide con la idea de la consulta como simulación. Considera que el Tren Transístmico forma parte de “la vieja política neoliberal que no se ha ido ni se irá de México por decreto”. “La convocatoria es una simulación, repite vicios de los gobiernos del pasado e ignora los derechos de los pueblos indígenas”.
El dirigente de la Ucizoni y la defensora advierten que sin una consulta apegada al protocolo de la OIT, el gobierno de López Obrador enfrentará la resistencia de las comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz, donde la prioridad de los pueblos no es un tren de carga ni la modernización de los puertos, sino salud y educación.
Organizaciones como la Red de Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca señalaron que la premura de la consulta y la falta de información en lenguas indígenas impide informar adecuadamente sobre las afectaciones. Y destacan que al excluir a municipios impactados e ignorar conflictos agrarios, quienes deseen participar en las asambleas tendrán que viajar hasta ocho horas.
Adelfo Regino Montes, titular del INPI —y uno de los firmantes de la convocatoria, además del responsable de las Zonas Económicas Especiales, Rafael Marín, y de la subsecretaria de Participación Ciudadana de Segob, Diana Álvarez— asegura que las asambleas no serán actos de simulación.
