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A más de un año de que el ex gobernador Gabino Cué otorgó ocho notarías a familiares de funcionarios de su administración, la entrega sigue en litigio gracias a uno de los 14 amparos que se interpusieron por violaciones al procedimiento. Además de dicho recurso, que está pendiente de resolución en el Poder Judicial de la Federación (PJF), existe un proceso ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo que no se ha resuelto.
El aplazamiento en el fallo de esos procesos, señala el abogado Ramón Velásquez Chagoya, quien interpuso el amparo que sigue en pie, se debe a una red de tráfico de influencias que encabezó el ex mandatario y en la que una pieza fundamental es un ex magistrado cercano a uno de los notarios que fueron designados por Cué.
Ganan todos
El 19 de septiembre de 2016 se oficializó la entrega de las ocho patentes notariales por el gobierno de Oaxaca. Los beneficiarios fueron Raymundo Chagoya Villanueva, Karla Gómez Jarquín, Claudio Ojeda Pinacho, Alina Félix Clímaco, Máximo Toledo Álvarez, Víctor Gómez Albores, Elsa Alejo Torres y Juan Carlos Díaz Carranza. Por dicha entrega Velásquez Chagoya interpuso, el 13 de septiembre de ese año, un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación en Oaxaca.
Según la denuncia 1458/2016, para otorgar esas notarías se simularon la emisión de la convocatoria y los exámenes de oposición. También se falseó documentación para aparentar que los beneficiarios cumplieron los requisitos.
El promotor del amparo presume una red de tráfico de influencias que, afirma, se evidencia con los beneficiarios y prevalece gracias a Roberto Gómez Argüello, ex magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materia Laboral y Administrativo del PJF, quien se ha encargado de frenar los otros 13 amparos y mantiene estancado el que fue interpuesto por Velásquez Chagoya.
Ese ex magistrado es cuñado de Patricia Villanueva, madre de Raymundo Chagoya Villanueva, beneficiado con la patente con registro 125 CJ/DGN/NPN/01.
La existencia de una red detrás de la entrega de las notarías es respaldada por notarios consultados por EL UNIVERSAL, quienes a partir de la demanda de amparo sostienen que sí hubo tráfico de influencias y cohecho, que están involucrados el ex mandatario, funcionarios de su administración y el mismo presidente del Colegio de Notarios del estado.
El notario público número 38 y ex presidente del Colegio de Notarios, Omar Sánchez Heras, afirma que “el problema que tenemos es el tráfico de influencias del magistrado Gómez Argüello, que estuvo interviniendo para negar el amparo o bloquearlo. Mientras que la presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es María Villanueva, hermana de Patricia Villanueva y esposa del ex magistrado Gómez Argüello, por eso están aplazando la resolución”. Lo anterior lo afirma porque a más de un año de que se interpuso el amparo, aún no se celebra la audiencia constitucional para su resolución.
Esta postura la comparte la notaria pública número 78, María Antonieta Chagoya Méndez, quien afirma que los notarios designados por Cué interpusieron un juicio de revisión para que los jueces no puedan acceder a sus expedientes, para saber si acreditaron los requisitos previstos en la ley, argumentando protección a sus datos personales.
Proceso viciado
De acuerdo con los notarios consultados, el amparo se interpuso por la falta de una “convocatoria real” para el proceso de entrega, pues no se difundió en los diarios de mayor circulación. “Se simuló la expedición de la convocatoria. Ellos dicen que salió en el periódico Noticias y Tiempo, en el primero sembraron una hoja que exhibieron en el juzgado, pero que no está en los demás periódicos impresos”, explica Sánchez Heras.
Agrega que tampoco hay coincidencia en los extras del Periódico Oficial del estado, donde supuestamente se publicó la convocatoria; tampoco se convocó para que quienes se crean con derecho de presentar el examen de oposición pudieran hacerlo; se simuló la aplicación de dichos exámenes y se premió con 20 notarías auxiliares a notarios que firmaron evaluaciones que supuestamente aplicaron los beneficiarios de las notarías.
El notario señala que se falseó también la entrega de constancias de prácticas profesionales que, según la Ley del Notariado, deben hacerse durante un año en alguna Notaría Pública. “Esto provoca que las patentes salgan viciadas en todo el procedimiento, y es lo que están combatiendo en el amparo y en el juicio ante el Tribunal”, explica.
