El ex fiscal General de Veracruz , Luis Ángel Bravo Contreras –detenido por el presunto delito de desaparición de personas en la modalidad de entorpecer la investigación- denunció que el actual fiscal Jorge Winckler Ortiz trató de coaccionarlo para que inculpara a otras personas de diversos delitos.
Durante una audiencia en el penal de Pacho Viejo , donde se encuentra recluido, el ex funcionario dijo que tiene grabado un encuentro con Winckler, que en breve dará a conocer, en el que el actual Fiscal le prometió su libertad a cambio de declarar en contra de otras personas.
Bravo Contreras
, narró que Winckler Ortiz , quien fue designado por el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares , se reunió con él para pedirle que contara “ historias de sangre y muerte ”, a cambio de no proceder contra él.
Comentó que días antes de la detención del ex director de Servicios Periciales , Gilberto Aguirre Garza , el fiscal lo convocó a una reunión en las instalaciones de la Fiscalía , en la que aseguró participaron el fiscal especializado en Atención a Denuncias por Personas Desaparecidas , Luis Eduardo Coronel Gamboa , y el actual fiscal Anticorrupción , Marcos Even Torres Zamudio.
Dijo que ahí, Winckler Ortiz le hizo saber que contaba con información que lo vinculaba con sucesos criminales , pero que si colaboraba con la Fiscalía no “iba a sucederle nada”.
“ Winckler me dijo que tenía elementos que me implicaban en delitos y que habían sido aportados por colaboradores míos y que no pasaría nada si yo contaba una historia de sangre y muerte en contra de terceros, yo le dije que eso no era verdad y me negué".
Por ello, pidió a la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez no permitir que le “hicieran una canallada” por negarse a las propuestas del fiscal.
Bravo Contreras
enfrenta una acusación por el presunto delito de desaparición de personas en la modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de su comisión se eludieran de la acción de la justicia.
Desde mayo se había emitido una orden de aprehensión y una recompensa de cinco millones de pesos contra el ex funcionario que asumió la fiscalía en 2015 en el gobierno de Javier Duarte y la dejó en diciembre del 2016 para entregársela al gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares.