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Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad y ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI y el PVEM, acumula cinco denuncias a nivel local y federal por el probable ejercicio indebido de recursos públicos por 500 millones de pesos y por desempeño irregular de funciones.
El martes pasado EL UNIVERSAL dio a conocer que 17 ex funcionarios de la administración de Roberto Borge Angulo participaron en una red de corrupción encabezada por el ex gobernador, a través de la cual se remató patrimonio territorial de la entidad en beneficios de familiares y amigos. Mauricio Góngora es identificado como uno de los integrantes de la red.
Una de esas investigaciones derivó en una orden de aprehensión librada el 28 de junio pasado por un juez de primera instancia, a solicitud de la fiscalía estatal, como parte de la carpeta de investigación 151/2017 por el probable delito de aprovechamiento ilícito del poder y por el desempeño irregular de la función pública mientras se desempeñó como secretario de Finanzas.
También se imputa al ex gobernador Borge; al ex titular de la Sefiplan, Juan Guillermo Molina; a Román Quian, Luis Alberto González y Gabriel Mendicuti, ex secretarios de Gobierno; y a Ercé Barrón, ex director de la Administración Portuaria Integral. Además, se incluye a Mario Castro y Fernando Escamilla, ex secretarios de Infraestructura y Transporte; a Gonzalo Herrera, ex secretario de la Gestión Pública, y a Víctor Hugo Loyola, procurador fiscal de Sefiplan.
Pero no se trata de la única investigación que pesa sobre el ex candidato. De acuerdo con Cristina Torres, actual alcaldesa de Solidaridad, a Góngora también se le indaga por ejercicio indebido de recursos públicos, incluso de origen federal, motivo por el que se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), afirmó la edil. La denuncia engloba otros ilícitos, por ejemplo, “simulación de servicios que no existieron, sustracción de recursos de procedencia municipal, recursos propios y algunos estatales”, explicó Torres.
El expediente ante la PGR se presentó el 13 de julio pasado en contra de ex funcionarios municipales por el ejercicio indebido de recursos federales por casi 150 millones de pesos, de los cuales 47 millones fueron sustraídos de cuentas bancarias, sin tener comprobantes de cómo o en qué se ejercieron.
De acuerdo con Torres Gómez, los recursos fueron enviados a una cuenta general y se desconoce en qué se aplicaron. “Se reintegran a las cuentas federales sólo ciertas cantidades que no coinciden con el total, es decir, 47 millones”, señaló.
Antes de esa denuncia, desde el 1 de abril pasado, la alcaldesa había presentado una demanda previa ante la fiscalía estatal, por el uso indebido de 200 millones de pesos, por parte de ex funcionarios. En total, aseguró la edil, “estamos hablando de 500 millones”.
Además, existen otras quejas contra el ex alcalde, dos de ellas por daños a particulares. “Una en perjuicio a Fonacot, porque se falseó la existencia de empleados y se solicitaron créditos que nunca fueron pagados, obviamente porque esos empleados no formaban parte de la plantilla del ayuntamiento”, indicó Cristina Torres. Las denuncias incluyen al tesorero Jesús Castro; al oficial mayor Rafael Castro y a Miriam Morán, directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, por el probable desempeño irregular de la función pública.
“Como servidores públicos suscribieron un contrato con la empresa Prestaciones Finmart que hizo préstamos a los trabajadores del municipio; el ayuntamiento les descontó de sus nóminas el importe quincenal por los créditos, pero no los pagó a la empresa ni entregó tales recursos a esta administración municipal, ocasionando un daño patrimonial superior a los 5 millones 150 mil pesos”, afirmó.
La edil informó que ya se presentaron auditorías que robustecen las acusaciones, pues al no subsanar lo observado, existe la presunción de la comisión del ilícito.
