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Los roces que han caracterizado la relación del gobernador de Veracruz , Cuitláhuac García , y el fiscal General del estado , Jorge Winckler Ortiz , volvieron a relucir tras el ataque ocurrido esta madrugada en un bar de Coatzacoalcos.
El gobernador morenista arremetió contra el fiscal al señalar que esta dependencia fue la culpable de soltar, en dos ocasiones en los últimos meses, al presunto autor del ataque al bar "Caballo Blanco". El fiscal Winckler lo negó.
Desde que García Jiménez tomó protesta como gobernador del estado, los constantes ataques y señalamientos entre ambos funcionarios no han cesado.
Este choque comenzó a hacerse evidente en febrero de este año, cuando Cuitláhuac García dijo a medios locales que los 366 asesinatos cometidos en la entidad durante los primeros 80 días de su gobierno no se debían a una falla en su estrategia de seguridad, sino a que el fiscal no había hecho nada por detener a los homicidas.
Cabe señalar que el fiscal Winckler Ortiz fungió como abogado del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien en 2016 lo propuso como titular de la Fiscalía para liderarla por nueve años.
Ese mismo mes, se dio a conocer que el gobernador ajustó el Presupuesto de Egresos 2019 y adelgazó a algunos organismos autónomos, dentro de los cuales se encontraba la Fiscalía General del Estado (FGE).
En abril de este año, el gobernador veracruzano dio a conocer que el fiscal ya no formaría parte de la Mesa de Seguridad del Estado como titular, sino que lo haría solo como invitado.
Días después, el gobierno del morenista criticó a la FGE tras la matanza de viernes santo en Minatitlán. Cuitláhuac Gracía y el secretario del gobierno del estado, Eric Cisneros, publicaron mensajes en redes sociales en los que afirmaron que no habría impunidad en el caso pese a “eternas investigaciones de la FGE” y a que la FGE “ni investiga ni resuelve”.
A finales del mismo mes, Cuitláhuac García apuntó que la actuación del fiscal frente a las investigaciones por el asesinato de la exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, había sido de “ineptitud o complicidad”, declaración que sostuvo el gobierno del morenista recientemente al exigir que la FGE investigara al exgobernador Yunes por presunta vinculación con el homicidio de la exalcaldesa y señalar a Winckler por encubrir a los responsables de dicho delito.
No obstante, el fiscal dio a conocer hace unas semanas que la Fiscalía se encontraba investigando la probable participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal en la desaparición y posterior homicidio de cuatro personas que encontraron desmembradas en el municipio de Maltrata, este mes de agosto.
En mayo, el gobernador denunció al fiscal estatal ante la Fiscalía General de la República por esconder más de 150 órdenes de aprehensión y que acusan, refieren a delitos que afectan la procuración y administración de justicia. A esto, la bancada del PAN respondió en el Congreso presentando una denuncia contra el gobernador, el secretario de la SSP y el titular de Sefiplan por uso ilícito de atribuciones y facultadores, tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deber legal.
En junio, el Winckler dijo que se había iniciado la averiguación ante presuntos hechos irregulares en la contratación de servicios para el estado de Veracruz, lo que derivó en una declaración del gobernador en la que exalta su sospecha por presuntos vínculos del fiscal con el hampa, pues, según García, la omisión en la ejecución de órdenes de aprehensión, sugiere que el fiscal protege a delincuentes.
A principios de julio, el fiscal Especializado en Combate a la Corrupción , Marcos Even Torres , respondió a Winckler y dijo que se tienen entre siete y 10 carpetas de investigación contra la actual administración del morenista por presuntos hechos de corrupción, contratación de familiares en la administración pública y desvíos de recursos.Al respecto, el gobernador se defendió al señalar que Torres Zamudio también fue nombrado por Yunes y que es “el político más corrupto de Veracruz”.
Los morenistas, quienes tienen mayoría en el Congreso, han hecho esfuerzos por remover al fiscal del cargo mediante reforma constitucional y con demandas de juicio político por considerar que su desempeño como fiscal dejaba de lado la procuración de justicia y privilegiaba intereses de grupo, de acuerdo con medios locales.
Sin embargo, en febrero de este año la justicia federal suspendió los intentos de la bancada guinda para destituir a Winckler, quien hasta el momento se presume seguirá en el cargo hasta concluir el periodo impuesto.
afcl
