Chilpancingo.— Eran casi las 11 de la mañana cuando unas dos mil a 2 mil 500 personas rompieron el cerco que establecieron la Policía Estatal y la Guardia Nacional en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, y después de eso hicieron lo que quisieron.
Primero quitaron las vallas que colocaron las autoridades en la carrera para impedir su paso. Luego vino el enfrentamiento: con piedras y palos lograron que policías y soldados retrocedieron junto con sus tanquetas, patrullas, equipo antimotín y gases lacrimógenos.
Eran más de 2 mil, dijeron ser campesinos y transportistas provenientes de la comunidad de Petaquillas, en Chilpancingo, y de los municipios de Mochitlán, Quechultenango, Chilapa y José Joaquín Herrera, todos territorios controlados por la organización criminal Los Ardillos.
Fueron ellos contra 500 agentes estatales y soldados.
En el primer enfrentamiento el grupo arrebató a las autoridades un vehículo blindado de los llamados Rhino. Luego avanzaron hasta el Parador del Marqués, donde se une la carretera federal y la Autopista del Sol.
Ahí, policías y soldados intentaron detenerlos pero no pudieron, se retiraron y dejaron a 10 de sus compañeros, quienes fueron retenidos por los pobladores.
Por la noche el gobierno estatal informó que los manifestantes retenían a cinco elementos de la Guardia Nacional, cuatro de la Policía Estatal, tres funcionarios del gobierno estatal y uno del gobierno federal.
Los manifestantes avanzaron hasta el Congreso del estado de Guerrero. Mientras lo hacían, los trabajadores de la sede legislativa y del palacio de gobierno salieron corriendo para evitar quedar encerrados.
En el Congreso, la multitud colocó el Rhino frente a la puerta y le pasaron por encima, dejando el acceso libre.
Más tarde fueron al palacio del gobierno e hicieron lo mismo. Estos ataques no los pudo documentar la prensa porque los manifestantes comenzaron a agredir a los reporteros.
Mientras todo esto ocurría, la población en Chilpancingo corrió, literal, a esconderse.
Por las calles se veía a la gente correr porque a esa hora ya no había ninguna urvan (camioneta de transporte colectivo) y ningún taxi. Otros corrieron a refugiarse en algún lugar. Los comercios bajaron sus cortinas. La ciudad se despobló.
Alrededor de las cuatro de la tarde, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) escribió en sus redes sociales que el secretario general de Gobierno, Ludwig Reynoso Núñez, atendería a los manifestantes y defendió la “política de diálogo y no represión”.
Hacia las cinco de la tarde, los manifestantes bloquearon todos los carriles de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués. Ahí denunciaron que ningún funcionario los atendió. Dijeron que sus exigencias son la construcción de carreteras y centros de salud para los pueblos de esos municipios.
Sin embargo, el motivo real de la ola violenta que se ha vivido en Chilpancingo en los últimos días es otro y ayer se reveló.
La tarde del lunes la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez vinculó a proceso y prisión preventiva a Jesús Echeverría Peñafiel, El Topo, señalado como objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en Guerrero, y a Bernardo “C”.
El Topo se ostentaba como integrante de la Policía Comunitaria UPOEG, brazo armado del grupo delictivo Los Ardillos.
Los dos son acusados de posesión de cartuchos y cargadores exclusivos del Ejército y Fuerza Aérea y, en el caso de Jesús Echeverría por delitos contra la salud en la modalidad de transporte.
Ambos fueron detenidos el 5 de julio. Ese día se difundieron fotos y un audio del encuentro de la alcaldesa de Chilpancingo con el presunto líder de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
El sábado, en una jornada de violencia, seis choferes de transporte público de Chilpancingo fueron asesinados, sembrando un terror que no ha parado.