Más Información
Desde su origen, la naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, razón social de “Barcos Caribe”, se vio inmersa en polémicas que fueron subiendo de nivel, ya sea por el nacimiento de la empresa, sus vínculos con la familia Borge, las quejas de otras navieras o el origen del dinero que sirvió para comprar la flotilla de cinco barcos para operar en el estado.
La empresa fue constituida el 22 de junio de 2012 por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo y por Franco González Patrón, pariente del senador, Félix González Canto.
En febrero de 2015, cuando inició operaciones para brindar el cruce de Playa del Carmen a Cozumel y viceversa, el entonces coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, dijo en el evento público que la ruta nacía a solicitud de Borge Angulo, para aumentar las opciones de residentes y turistas para el cruce marítimo.
Desde entonces, la naviera contó con respaldo gubernamental para publicitarse en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y en periódicos locales, con pautas y horarios preferenciales. El tema llegó a provocar quejas abiertas de otras compañías, como Ultramar, que años después reprochaban el estar “compitiendo con el gobierno”.
Para 2016, lo que era vox populli, tomó forma de denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), cuando la organización “Somos Tus Ojos”, presentó una denuncia en contra de Borge Angulo, el 26 de septiembre de ese año, por su probable responsabilidad en el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con relación a la creación de dos sociedades a través de presuntos prestanombres, una de ellas, de carácter inmobiliario –Caracol 69- y otra, la naviera Barcos Caribe.
Conforme a dicha denuncia, ampliada posteriormente, la agrupación indicó que la naviera compró a Kilimanjaro Fast Ferries LTD, un par de embarcaciones por cuatro millones 900 mil dólares y una tercera, por 3 millones 500 mil dólares.
Las embarcaciones Kilimanjaro I, II y la Eagle, fueron trasladadas desde Australia y rebautizadas aquí, como la Caribe I, Caribe II y Caribe III.
Durante el primer trimestre del 2017 se informó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había iniciado investigaciones respecto a la adquisición de esas tres embarcaciones y de dos más, la Casco B-117 y la Casco B-118.
La indagatoria se debió a una denuncia que reportaba al SAT, que la empresa había ocultado la operación de compraventa, que en total ascendía a casi 300 millones de pesos, de acuerdo con un paquete de contratos y registros de transferencias bancarias realizadas por Barcos Caribe a las compañías que vendieron las embarcaciones, en poder de dicho órgano.
De esas cinco embarcaciones, dos no alcanzaron a ser trasladadas a México, debido al cambio de gobierno que complicó la situación de Borge y de sus presuntos prestanombres, por lo que se quedaron aparentemente en Australia y se especula que fueron vendidas por la familia.
Las otras tres operaban ya con dificultades en Cozumel-Playa del Carmen; una se descompuso, por falta de mantenimiento, ante los presuntos problemas económicos que enfrenta la naviera.
La segunda, es la que registró una explosión el miércoles pasado cuando estaba atracada en el muelle fiscal de Playa del Carmen. Y la tercera es la única que se mantiene en operación.
Se especula que existe otro par de embarcaciones de diseño en Progreso, Yucatán, que la naviera mandó a fabricar en aquel estado, para brindar el servicio de cruce de Puerto Juárez a Isla Mujeres; sin embargo, esta información no pudo ser verificada por EL UNIVERSAL.
