Más Información
estados@eluniversal.com.mx
Pachuca.— A 100 días de la explosión de un ducto de combustible en Tlahuelilpan, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) comenzó la entrega de 52 cuerpos que permanecían en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Pachuca.
El pasado 18 de enero explotó una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atravesaba terrenos de cultivo de alfalfa en la comunidad de San Primitivo y dejó un saldo de 135 personas muertas: 67 fallecieron en los hospitales y 68 fueron levantadas de la zona del accidente.
De las 68 que murieron al momento de la explosión, 15 pudieron ser identificadas de manera inmediata y entregadas a sus familiares; 53 fueron trasladadas al servicio forense y, de ese lugar, una fue recibida casi de inmediato.
A las otras 52 fue necesario realizarles las pruebas de ADN, para saber de quiénes se trataba.
La mañana de ayer, en medio de un férreo dispositivo de seguridad, el procurador general de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo González, supervisó el inicio de la entrega de los restos humanos a sus familiares.
De acuerdo con parientes de las víctimas, quienes viajaron de diversas comunidades de la zona sur del estado, entre ellas Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Atitalaquia al forense, después de la tragedia se mantuvieron reuniones periódicas con personal de la Procuraduría de Justicia, para conocer el avance en la identificación de los restos.
Comentaron que el miércoles pasado se les avisó que a partir del 27 de abril comenzarían a ser entregados los cuerpos, por lo que se les pidió que acudieran a Pachuca, donde les facilitaron carrozas fúnebres para trasladar los cadáveres.
Se dio a conocer que la entrega se realizaría de acuerdo a como fueron iniciadas las carpetas de investigación, y el proceso culminará el próximo martes. Ayer se habrían entregado todos los cadáveres de este accidente; sin embargo, aún permanecen siete personas en hospitales, en espera de su restablecimiento.
Los errores. A fines de enero, la realización de pruebas de ADN fue cuestionada, ya que se acusó que la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE) tomó muestras de cónyuges y no de familiares directos.
El procurador Raúl González reconoció el error y pidió que se repitiera con parientes consanguíneos, como hijos, padres o hermanos, en lugar de esposos, parejas y cónyuges.
En esa ocasión advirtió que la identificación de los cuerpos tardaría de dos a seis meses, dependiendo de la clasificación y del nivel de carbonización que presentaran.
La explosión en Tlahuelilpan ha sido la más grave que se ha vivido en el estado a consecuencia de la extracción ilegal de combustible. Este delito ubicó a la entidad hidalguense en el primer sitio con un total de 2 mil 121 tomas clandestinas en 2018.
A tres meses de este accidente, en la zona del percance —concretamente en la zanja donde se prevé que quedaron varias personas calcinadas— los pobladores y deudos mantienen un altar con cruces y flores, donde rezan rosarios para las víctimas cada ocho días.
En el sitio se prevé la construcción de un memorial que fue solicitado por los familiares de las víctimas y aceptado por el gobierno federal.
