Fue una fotografía que le dio la vuelta al país: un grupo de mujeres sentadas sobre el piso del Congreso de Durango con pañuelos verdes al cuello y las manos entrelazadas manifestando un solo deseo: que esta vez la ley sí las protegiera y las respaldara en su derecho a decidir sobre sus cuerpos.
El deseo no se cumplió. En pleno 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, los diputados locales le dijeron que no a las maternidades libres y deseadas. Tras la negativa se supo que mucha injerencia tuvieron en esta decisión la Iglesia católica y el arzobispo de Durango, Faustino Armendáriz; prevaleció el prejuicio antiderechos amparado por el “castigo” de Dios.
Entre estas mujeres en resistencia están las activistas María Hernández, Jennifer de la Torre y Julieta Hernández, quienes tras el revés que sufrieron este año aseguran que “perdieron una batalla, pero no la guerra”.
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Junto a sus compañeras activistas, estas mujeres unieron esfuerzos e hicieron uso de una herramienta poco empleada, pero establecida en la Ley de Participación Ciudadana: promover la despenalización del aborto bajo una “iniciativa popular”, la cual nunca se había utilizado en México para este fin.
A fin de poder presentar esta iniciativa ante el Congreso de Durango recabaron, en septiembre de 2021, 7 mil 700 firmas. “Para juntarlas primero nos fuimos a la Plaza de Armas. Luego acudimos a las jornadas de vacunación contra el Covid, aprovechamos que la gente, sobre todo joven, se juntaba ahí”, cuenta María Hernández.
Las activistas explican que aunque las firmas las entregaron en 2021, ante la resistencia política de legislar en la materia, tuvo que pasar un año para que la iniciativa se votara. Al final, este año fue rechazada, pero aseguran que no se detendrán.
“Metimos un amparo contra la decisión negativa del Congreso y tenemos en puerta ingresar otro amparo colectivo. Consideramos que perdimos una batalla, pero no la guerra y no vamos a descansar hasta lograr que en Durango se despenalice el aborto”, dice Julieta Hernández, una de las activistas con más años de lucha en el estado.
Durante el proceso para lograr la despenalización del aborto estas mujeres han enfrentado violencia institucional, como cuando en el Congreso local no querían recibirles la iniciativa ciudadana ni las casi 8 mil firmas. Aunque al final la iniciativa sí fue presentada, la violencia la volvieron a sufrir en el pleno legislativo, cuando los diputados alargaron la decisión final hasta las cuatro de la mañana.
Pese a ello, en el camino, las mujeres que luchan en Durango se han topado con experiencias de crecimiento y hermandad, demostrando que las mujeres juntas luchan, ríen, lloran, se acompañan y se cuidan.
De acuerdo con el Código Penal de Durango, el aborto es considerado hasta hoy como un delito, sobre todo si se practica de manera voluntaria. Las únicas excepciones son cuando la vida de la madre peligra, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando ocurre por una “conducta culposa de la madre”, es decir, de manera espontánea o producto de situaciones “accidentales”, como caídas, siempre y cuando se “avise al Ministerio Público”.
Una deuda histórica
Durango es el gran ejemplo. Este 2022 el derecho a las maternidades deseadas fue uno que el Estado nuevamente no garantizó; sólo tres entidades decidieron avalarlo y despenalizarlo en sus códigos penales: Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.
Las acciones de los congresos locales para frenar y rechazar la discusión del tema, como el duranguense, sorprendieron, pues en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizarlo, pidiendo entonces a Coahuila y al resto del país armonizar las leyes locales para que esto se cumpliera.
Hasta hoy suman 10 las entidades del país que no criminalizan el derecho a decidir: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Coahuila y las tres que se sumaron este año.
En el resto de México un aborto voluntario es considerado delito y las penas van de los dos meses a los cinco años de prisión, sanciones económicas y trabajo comunitario. Este trabajo fue realizado gracias al Laboratorio de Periodismo de Género de Mutante (Colombia).
Avalan uniones gay en todo el país
Para este 2022, el mayor logro en materia de diversidad sexual es el derecho al matrimonio igualitario, que ya está avalado en todo el país. Además del triunfo del amor, significa que las parejas del mismo sexo están respaldadas en lo legal para acceder a una unión con-yugal y en consecuencia a los beneficios que ello representa, como solicitar créditos inmobiliarios conjuntos o el acceso al Seguro Social de sus parejas.
Este derecho tuvo un gran avance este año, pues los ocho estados que mantenían el tema pendiente ( Yucatán, Jalisco, Veracruz, Durango, Tabasco, Guerrero, Estado de México y Tamaulipas ) lo avalaron, ya sea como reforma a sus códigos familiares locales o por decreto en las entidades donde los congresos insistían en no avalarlo.
Reconoce Hidalgo género no binario
El 3 de noviembre, el Congreso de Hidalgo sentó un precedente y reconoció los derechos de las personas no binarias, es decir, de aquellas que no se identifican dentro de los tradicionales roles de género.
La iniciativa fue presentada el 17 de mayo de este año , Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia , pero fue aprobada meses después, durante noviembre pasado.
Con 27 votos a favor, los diputados locales reformaron y adicionaron el artículo 214 ter de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo , que ahora señala que “las personas cuya autopercepción de género no se enmarque en las categorías de masculino o femenino, tendrán el derecho al reconocimiento e inscripción de su género no binario”.
Con información de Miroslava Olvera y Dinorath Mota
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