Chilpancingo.— La escena que protagonizaron 19 niños marchando con escopetas y vestidos de policías comunitarios en la localidad de Alcozacán, en Chilapa, es el remate de un ciclo de violencia que comenzó hace seis años.
Antes de la aparición de los menores, se mostró el terror: el viernes pasado nueve hombres y un adolescente de 15 años fueron torturados y, asesinados.
La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló a la organización criminal Los Ardillos como posibles responsables de esa masacre.
Pero esta historia de violencia comenzó antes. En 2014, pobladores de la comunidad de Rincón de Chautla y otras 13 más de Chilapa y dos de José Joaquín Herrera, formaron su Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Lo hicieron por el acoso de bandas delictivas.
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Un año después, surgió casi en la misma zona otro grupo armado que se autodenominó Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia. Su presentación fue en mayo de 2015, cuando unos 300 hombres armados tomaron el control de la cabecera municipal de Chilapa. Estuvieron cinco días, dijeron que iban a cazar al líder de la banda criminal Los Rojos, Zenén Nava, catearon casas, instalaron retenes, desarmaron a la Policía Municipal, patrullaron la ciudad y, al irse, se llevaron a 30 jóvenes. Todo lo hicieron frente a los ojos de agentes y militares. Las autoridades vincularon a este grupo armado con Los Ardillos.
Un año antes, Los Ardillos comenzaron una disputa con Los Rojos, y les quitaron territorio: la cabecera municipal de Chilapa, después su zona rural, luego otros municipios: Zitlala, José Joaquín Herrera, Tixtla, más sus bastiones, Quechultenango y Mochitlan.
En esa zona, la disputa ha dejado huellas: en el Informe especial sobre la situación en materia de personas desaparecidas y delitos vinculados, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de enero de 2011 a septiembre de 2018, tan sólo en Chilapa fueron asesinadas 632 personas. El informe muestra cómo el horror ha ido en aumento: 32 asesinatos en 2011, 26 en 2012, 35 en 2013, 25 en 2014, 115 en 2015, 104 en 2016, y en 2017 la cifra se disparó: 277 asesinatos.
Y a todo esto se le suman más de 300 personas desaparecidas.
Testigo del horror
José Díaz Navarro, vocero del Colectivo Siempre Vivos, ha documentado de cerca todo este terror. Él lo ha vivido: en noviembre de 2014 a sus hermanos, Alejandrino y Hugo, hombres armados se los llevaron de la comunidad de Atzacualoya, en Chilapa; días después aparecieron desmembrados, decapitados dentro de una camioneta en llamas.
Para Díaz Navarro, el crecimiento de Los Ardillos se debe a la impunidad que le ha gestionado otro de los hermanos: Bernardo Ortega, que ha sido tres veces diputado local, una de ellas presidente del Congreso, y dos veces alcalde de Quechultenango.
Esa impunidad, dice Díaz Navarro, la han conservado por lo menos desde 2008, cuando las autoridades giraron órdenes de aprehensión contra Celso e Iván, “máximos líderes de Los Ardillos”.
“Ya tiene el control delictivo de por lo menos 20 municipios de La Montaña y la región Centro, pero ahora van por el control político, y el cerebro de todo eso es Bernardo”, dice Díaz Navarro.
Después de seis años, a Los Ardillos les falta un territorio por controlar: las 16 comunidades que defienden los policías comunitarios de CRAC.
Esta resistencia ha costado sangre a los comunitarios: 38 han sido asesinados, 12 están desaparecidos y centenares han huido. Y de los que se han quedado, su vida se ha reducido a lo mínimo: los niños no pueden ir a la escuela ni los hombres al campo a trabajar. Nadie puede salir a comprar y los profesores y los médicos dejaron de ir. Están acorralados, por ejemplo, de diciembre de 2018 a enero de 2019, los comunitarios denunciaron que 500 hombres armados rodearon la comunidad de Rincón de Chautla, su sede.
En diciembre los atacantes entraron a la comunidad vecina, Paraíso de Tepila, se llevaron a 12 personas, siete eran niños. El acoso terminó el 27 de enero, cuando los armados intentaron irrumpir en Rincón de Chautla. Los comunitarios los recibieron a balazos; 11 armados fueron asesinados.
Por eso, dice el coordinador de la CRAC en Chilapa, Bernardino Sánchez Luna, tienen que enseñarle a los niños a defenderse.
Los apoyan con despensa
Ayer, la Comisión Estatal de Víctimas de Guerrero emitió 10 medidas inmediatas para los deudos de los 10 músicos asesinados, entre ellas está la repartición de despensas.
