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Chihuahua. – La alcaldesa con licencia de la ciudad de Chihuahua , y actual candidata del PAN a la gubernatura del estado, María Eugenia Campos Galván , enfrenta actualmente dos investigaciones en su contra.
En la primera se le acusa de ser beneficiaria de la “nómina secreta” del exgobernador del PRI, César Duarte (2010-2016), cuando ella se desempeñaba como diputada local. En este caso habría recibido sobornos por al menos 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 a cambio de favores como votar sin observaciones la deuda pública del Estado y aprobar los diferentes créditos que afectaron al erario público durante la administración estatal.
Sobre este hecho, se han difundido algunos recibos de dinero firmados tanto por María Eugenia Campos como por su secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, quien también fue diputado panista en esa legislatura.
La segunda investigación que pesa sobre la candidata del PAN se deriva de la entrega de “moches” de diferentes proveedores del Ayuntamiento de Chihuahua, encabezado por Campos Galván.
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De acuerdo con lo que se ha dado conocer, la alcaldesa con licencia habría recibido más de 1.3 millones de pesos, entre 2017 y 2018, como requisito para adjudicar contratos de limpieza y mantenimiento de espacios públicos en la ciudad.
Las empresas involucradas son Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.
En 2018, tres de esas empresas obtuvieron del municipio contratos por 5 millones 308 mil 815 pesos sin IVA. El año anterior, en el ejercicio 2017, las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.
Testigos colaboradores declararon a la Fiscalía que durante los dos años Maru Campos cobró, mes con mes, un “diezmo” que ascendió a 1 millón 319 mil 314 pesos, esto es, el 10% de los montos de los contratos sin IVA.
Se señala que en ese mismo periodo Campos habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México, Estados Unidos, Italia y Francia. La suma de cargos atribuidos a la candidata panista es de aproximadamente 1 millón de pesos.
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Se queda en el estado caso de “nómina secreta”
En la ciudad de Chihuahua, la jueza de Control, Delia Valentina Jiménez, determinó ayer que la competencia en el caso de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte, en el que está involucrada la alcaldesa de Chihuahua con licencia, María Eugenia Campos, es de carácter estatal.
La jueza definió que el expediente no puede ser turnado ante el juez federal, por lo que el delito de cohecho que involucra a la candidata del PAN a la gubernatura deberá realizarse en Distrito Judicial Morelos de Chihuahua, toda vez que la defensa no pudo acreditar que el dinero desviado era de la Federación, con lo que se echó abajo la solicitud del abogado Francisco Molina Ruiz.
Alrededor de las 17:30 horas de este martes, la jueza de Control, Delia Valentina Jiménez, reanudó la audiencia de incidencia del caso de la alcaldesa de Chihuahua con licencia, María Eugenia Campos, determinando que la competencia en el caso se la nómina secreta es de carácter estatal.
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La jueza definió que el expediente no puede ser turnado ante el juez federal, por lo que el delito de cohecho que involucra a la candidata del PAN a la gubernatura, deberá realizarse en Distrito Judicial Morelos de Chihuahua, toda vez que la defensa no pudo acreditar que el dinero desviado era de la Federación, con lo que se echó abajo la solicitud del abogado Francisco Molina Ruiz.
En relación a la queja de la defensa de no conocer en su totalidad el expediente, la jueza instruyó que se entreguen los mismos en un término máximo de tres días y determinó además que la defensa no puede realizar una contra investigación, ya que los testigos protegidos deben ser cuidados en cuanto a su identidad para no vulnerar sus derechos.
Por su parte, el Ministerio Público solicitó a la jueza de control que el abogado Molina Ruiz entregue copias de los documentos cuya información extrajo de manera dudosa, de igual manera, la representación social solicitó que la defensa evite retrasar más la audiencia de formulación de imputación.
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