Más Información
Cuernavaca.- Luego del endurecimiento de las medidas de revisión, vigilancia, el decomiso de drogas y el retiro de teléfonos móviles en el penal de Atlacholoaya, los internos buscan diálogo con las autoridades penitenciarias porque consideran que el trato para sus familiares se ha vuelto inhumano y degradante, sobre todo en la revisión corporal de mujeres, introducción de alimentos y objetos de higiene personal.
La protesta de los internos y sus familiares surge después que el viernes pasado elementos de la Policía Penitenciaria Acreditable revisaron la zona de visita íntima y encontraron 3.361 kilos de marihuana y equipo de telefonía celular.
Los familiares de personas privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos denunciaron este domingo las restricciones se endurecieron y las autoridades prohibieron la entrada de frutas y verduras, incluso si estaban picadas o hervidas.
También impidieron el ingreso de artículos de primera necesidad como jabón, pasta dental, cloro y sal lo que frustró a los familiares de los internos.
En el interior del penal, reos que usan el gimnasio protestaron por el decomiso de equipamiento deportivo. Les quitaron barras, bancos de pesas y otros materiales comprados por ellos mediante cooperaciones, dijeron.
Las denuncias también incluyen testimonios sobre las revisiones corporales, que describen como invasivas y degradantes. Una de las visitantes relató que hace quince días obligaron a varias mujeres a bajar sus pantalones y, en otro caso reciente, retiraron a una joven su toalla sanitaria, sin importar que estaba menstruando.
Durante la salida de las visitas, el proceso se alargó por más de una hora debido a la exigencia de formar filas para cada revisión, prolongando el tiempo de espera en condiciones incómodas.
Las personas privadas de la libertad señalan al director José Jesús Zavala, alias “Vulcano”, de suspender las visitas íntimas y amenazar con limitar las visitas de fines de semana.
Desde la semana pasada piden la intervención de la gobernadora Margarita González Saravia para abrir un diálogo que permita resolver la situación de manera pacífica.
Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia, anticipó desde hace 15 días estas medidas y para atender la necesidad de telefonía, dijo que próximamente instalarán teléfonos públicos en el penal.
afcl/LL
