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El Sistema Estatal Anticorrupción en Oaxaca está “atado de manos e imposibilitado para acabar con la impunidad”, coinciden el fiscal de esta dependencia, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, y el presidente de la asociación civil Nosotroxs, Víctor Leonel Martínez.
A casi un año de que el Congreso publicara el decreto 602, por el que se creó la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, los entes que lo integran están débiles en recursos y operatividad, advierte Leonel Martínez.
Esta debilidad también es observada por el fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, quien señala en entrevista con EL UNIVERSAL que la fiscalía que él encabeza actualmente “está coja”, pues no cuenta con autonomía presupuestal.
Sin recursos. En lo que se catalogó como un “hecho histórico”, el 20 de mayo de 2017 el Congreso de Oaxaca aprobó la creación de la Ley Anticorrupción, que establece que el sistema está integrado por una Secretaría Ejecutiva, un Comité de Participación Ciudadana y un Comité Coordinador; este último lo integran los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría, del Consejo de la Judicatura, del Instituto de Acceso a la Información Pública y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Estos entes serían los responsables de la lucha contra la corrupción, misión para la que apenas se les incrementó el presupuesto, o ni siquiera les asignaron recursos.
En 2017, por ejemplo, el Poder Legislativo asignó para la entonces Auditoría Superior del estado 71 millones 300 mil pesos, este año al ya renombrado Órgano Superior de Fiscalización apenas le destinaron 4 millones más, un incremento de 5.6%. Lo mismo ocurrió en el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (IEAIP), donde a pesar del aumento de tareas del sistema, los diputados tuvieron el mismo presupuesto del año anterior: 28 millones 212 mil 990 pesos. Mientras que al Consejo de la Judicatura, que en 2017 recibió 651 millones 93 mil pesos, le subieron 1.3% y quedó en 660 millones 58 mil pesos.
El caso más grave es el de la Fiscalía Anticorrupción, que carece de recursos, pues no cuenta con autonomía presupuestaria porque depende de lo que la Fiscalía General le asigne. A esta dependencia, que pasó de Procuraduría de Justicia a fiscalía, y a la que se le creó otro órgano dependiente, se le dieron 9 millones 598 mil pesos extras, aumento equivalente a 1.4%. Así, quedó con 678 millones 461 mil pesos para este 2018.
El fiscal Anticorrupción denuncia que el ente no sólo carece de recursos propios, sino que en fechas recientes el poco personal con el que contaba ha sido reasignado, e incluso despedido.
Con más de 2 mil 200 carpetas de investigación abiertas contra funcionarios, señala que es prácticamente imposible trabajar sólo con tres ministerios públicos y dos policías investigadores. Inclusive, reconoce que siete investigaciones que pudieran turnarse al juez permanecen a la espera, por falta de personal. Los órganos que hacen la excepción son la Secretaría de la Contraloría, a la que le fueron presupuestados 16 millones 317 mil pesos más que en 2017, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que este año recibió por primera vez un recurso propio por 42 millones 491 mil pesos.
Múltiples señalamientos. Pero el presupuesto no es el único punto débil. Desde su integración, el Sistema Estatal Anticorrupción ha registrado múltiples señalamientos, tanto en la conformación de los nuevos entes, como por la transformación de la Auditoría estatal.
Pese a las carencias, desde el arranque del Sistema Anticorrupción han sido detenidos cuatro ex secretarios del gobierno de Gabino Cué: el de Salud, Germán Tenorio; dos de Finanzas, Gerardo Cajiga y Arnaud Viñas, así como el de Transporte, Carlos Moreno.
