Mexicali.— El cuerpo de Ana Laura, una adolescente de 17 años, fue hallado en un colchón viejo y sucio, improvisado sobre un piso dentro de un picadero —una casa abandonada sin puertas ni ventanas— usado por cualquiera para el consumo de sustancias. Los resultados del Servicio Médico Forense (Semefo) informaron que la causa de muerte fue sobredosis.
Ella es uno de los 38 menores que escaparon durante junio del albergue temporal del DIF en Baja California, que está en Mexicali. La directora de la paraestatal, Blanca Fabela, admitió que en 11 de los casos aún no tienen información sobre su paradero.
Aunque ese mismo mes la Fiscalía General del Estado inició pesquisas por algunos de los menores que escaparon, se buscó confirmar si había alertas vigentes para aquellos que no han sido localizados. No hubo respuesta.
La directora del DIF estatal señaló que Ana Laura y los menores planearon la fuga. Es decir, no fue un acto improvisado y un grupo de adolescentes vencieron la seguridad. Explicó que días antes cortaron parte del cerco y, poco a poco, en grupos pequeños comenzaron a escaparse sin cruzar la puerta de enfrente, además de aprovechar el cambio de turno de la tarde a la noche.
Además, no salieron juntos y cuando lo hicieron no había personal suficiente, no sólo por el cambio de turno, sino porque parte de los empleados fueron enviados a sus casas como medida preventiva ante la pandemia del Covid-19. Otro argumento, según Fabela, fue la de empleados que impusieran autoridad.
“Tenemos seguridad, pero no es una seguridad que imponga temor, miedo”, dijo Blanca Fabela durante la transmisión matutina del viernes junto al gobernador Jaime Bonilla, “porque no están armados...”, justificó para ser interrumpida por el mandatario estatal, “pero no puedes tener gente armada en un DIF”.
Luego de la fuga de los menores, la directora del albergue del DIF a cargo en ese momento fue reemplazada, y se ordenó el regreso de parte de la plantilla que en ese periodo significó una reducción de 60% de personal.
La secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California, Vicenta Espinoza, informó que la dependencia a su cargo abrió un proceso para investigar las condiciones de los albergues al momento de la fuga.
“Tenemos estas situaciones en las que los menores están muy afectados, estamos trabajando con derechos humanos para determinar la forma en la que se sienten estos jóvenes y saber qué los orilla a escapar”, explicó Vicenta Espinoza.
La dependencia tiene registro de al menos tres fechas diferentes en las que grupos de menores escaparon del albergue de la paraestatal. Como acciones inmediatas, se ordenó dar atención sicológica, además de llamar a declarar a los servidores públicos para confirmar si hubo algún descuido.
Hasta marzo, según transparencia, el albergue temporal de Mexicali tenía bajo su cuidado a 281 menores —entre bebés, niños y adolescentes— cuando el espacio tiene capacidad para recibir alrededor de 160, es decir, prácticamente la mitad.