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El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares cometió graves irregularidades en la supuesta recuperación de dinero en efectivo, bienes e inmuebles presuntamente de exfuncionarios y del propio exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, de acuerdo con las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Detectaron que se desconoce el origen del dinero en efectivo y bienes recuperados, así como los mecanismos legales que se usaron para allegarse de ellos.
Al hacer una revisión del Fondo de Bienes Recuperados (FOBIRE) de la Secretaría de Finanzas y Planeación, los auditores encontraron que la mayoría de bienes e inmuebles (aeronaves, edificios, departamentos y ranchos) fueron donados, otros se encuentran en litigio, además que se desconoce el origen o los medios legales a través de los cuales se hubieren obtenido y recuperado.
De 26 bienes inmuebles presuntamente recuperados por Yunes, solamente dos fueron obtenidos mediante la “transmisión de propiedad en ejecución de sentencia”, mientras que del resto se desconocen las razones por las cuales fueron otorgados en “donación” a un “gestor oficioso” que actuó a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz.
Además, el Orfis encontró que el “Helicóptero Robinson 66” y un “avión "Lear Jet 45XR” , presumidos como parte de las gestiones de Yunes para recuperarlos, jamás se proporcionó información, ni se presentaron documentos que pudieran aportar los elementos relativos a la identificación de su origen y a los medios legales a través de los cuales se hubieren obtenido.
En cuanto a la colección de 16 obras de arte, que incluye supuestas obras de Fernando Botero , Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros presuntamente arrebatados al propio Duarte y que quedaron bajo el resguardo del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), el organismo determinó que no existen evidencias que se hayan recuperado legalmente y que formen parte del patrimonio estatal.
Asimismo, los titulares de los Órganos Internos de Control, de la Contraloría General y de la Secretaría de Finanzas y Planeación, nunca pudieron acreditar la aplicación de los recursos excedentes obtenidos con motivo de la “recuperación de bienes” en beneficio del Gobierno del Estado.
El Órgano de Fiscalización Superior exhibió en los resultados de la Cuenta Pública entregados al Congreso del Estado, cartas del entonces secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazarini; del subsecretario de Egresos, Francisco Javier Jiménez; y del director General de Contabilidad Gubernamental, con las que buscaron impedir a los especialistas hacer auditorías de los bienes.
Sin sustento legal y cobros extrajudiciales
El Orfis determinó emitir cinco observaciones en total, de las cuales cuatro no fueron solventadas y una lo fue parcialmente por los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
En las observaciones se concluyó que no se proporcionaron los datos que permitieran conocer el origen, la forma o los medios legales a través de los cuales fueron obtenidos 73 millones de pesos depositados a la cuenta bancaria número 3071751 de Banamex S.A, sucursal “URBAN CENTER”, abierta a nombre del “Gobierno del Estado de Veracruz”.
Se trató de tres por las cantidades de cuatro millones; 36 millones; y 33 millones, registrados en fecha 29 de diciembre de 2017.
“Se le solicitó copia certificada de la documentación que amparara el ingreso de los recursos en efectivo, así como, los documentos que acreditaran el origen y/o fuente de obtención de los mismos. No obstante (…) el Ente Auditado no proporcionó información, ni presentó los documentos”, reportó la auditoría.
Además, concluyeron que los bienes inmuebles supuestamente recuperados y presumidos en el Segundo Informe de Gobierno de Yunes Linares fueron obtenidos mediante la figura de la “donación”, por lo tanto, los recursos que se obtengan de dichos bienes no se ajustan a lo dispuesto por el Código Financiero para el Estado de Veracruz para que se puedan considerar como “recursos excedentes”.
Como ejemplo, cuatro lotes de la Calle Lagunas de Montebello, del Fraccionamiento “Residencial del Lago” ,del municipio de Xalapa que “fueron donados por una persona moral, sin señalarse los motivos y los fundamentos legales”.
Así como un lote de la Calle Punta Altamira del Condominio Privado II (Dos Romano) del Condominio de Zona “Residencial Marina & Golf” del Conjunto Urbano Condominial “Punta Tiburón Residencial Marina & Golf”, ubicado en el kilómetro cuatro punto cinco (4.5 km), carretera Boca del Río-Antón Lizardo.
“Se conoció que además (…) fueron donados por parte de la misma persona física, a través de su Representante Legal, sin señalarse los motivos y los fundamentos legales”, determinó el órgano auditor.
Otro caso similar fue un lote de terreno ubicado en la Avenida Valentín Gómez Farías, esquina con calle Virgilio Uribe, de la Colonia Ricardo Flores Magón, de la Ciudad de Veracruz, compuesto de un edificio de tres niveles, donado por parte de tres personas físicas y una persona moral.
Las donaciones se efectuaron a quienes fungían en ese momento como subsecretario de Finanzas y Administración y director General del Patrimonio del Estado, en su carácter de representantes del Gobierno del Estado “sin que se hubiere hecho referencia en dicho instrumento notarial, a los motivos por los cuales se llevaba a cabo dicho acto”.
El rancho “La Cartuja”, de 11 hectáreas ubicado en la Congregación el Espinal y el terreno “EL SALTO”, de nueve hectárea de la Congregación Lomas de Potrerillo, del municipio de Naolinco, también fueron donados por parte de dos personas físicas sin que se hubiere hecho referencia en dicho instrumento notarial a los motivos por los cuales se llevaba a cabo dicho acto.
Los cuatro departamentos del edificio denominado “Torre Pelícano”, del Fraccionamiento “Costa de Oro Mocambo”, del municipio de Boca del Río -los cuales fueron presumidos por Yunes como la joya de la corona en la recuperación de bienes- fueron obtenidos a través de la celebración de seis “Contratos de Donación” y no a través de procedimientos de “recuperación de bienes” como lo estableció un Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado.
Pero además forman parte de la “Carpeta de Investigación” FED/SEID/UEIDFF-VER/0001653/2016 y el Gobierno del Estado de Veracruz sólo es depositario de dichos bienes inmuebles; así como de su respectivo menaje de casa, a través de quien en ese momento fungía como Director General del Patrimonio del Estado.
“Esta autoridad fiscalizadora determinó que no se pueden considerar como bienes recuperados dichos inmuebles”, concluyó la investigación.
En cuanto a los 29 millones de pesos que supuestamente recuperó en 16 obras de arte y 3 impresiones que le pertenecían a Duarte de Ochoa , únicamente se pudo conocer que derivaron de la incautación efectuada por la Fiscalía General del Estado, con motivo de la Carpeta de Investigación Número 61/2016, “sin que de dicha acción ministerial se pudieran conocer los documentos correspondientes, que demostraran que se trataba de una recuperación de bienes”.
