El gobierno de Nayarit causó un “probable daño a la Hacienda Pública federal por 695 millones 31 mil pesos durante 2016”, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública de ese año.
Según el informe de la ASF el mayor daño se ocasionó en los recursos que llegaron a la entidad como “Gasto Federalizado”, donde las irregularidades suman más de 400 millones de pesos. “En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Gasto Federalizado 2016”, señala. Los recursos corresponden al último tramo del gobierno de Roberto Sandoval, quien afronta un juicio político iniciado por el Congreso de Nayarit ya que se acusa del desvío de más de 2 mil 700 millones de pesos.
La ASF advierte que el gobierno de Nayarit incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de formalización y acreditación de los Convenios de Coordinación ya que 12 nunca fueron concluidos y de nueve más ni siquiera está acreditada su existencia; además faltan los contratos bancarios de esos convenios.
“El gobierno de Nayarit recibió recursos del Gasto Federalizado 2016 por 2 mil 111 millones 148 mil 300 pesos, de los cuales se asignaron mil 448 millones 787 mil 600 pesos a 17 convenios mediante la Secretaría de Administración y Finanzas, 261 millones 711 mil 300 pesos a seis programas ejercidos por los ejecutores y 391 millones 473 mil a nueve convenios de los cuales no se acreditó que los recursos fueron ministrados”.
También se indica que faltan recibos de las ministraciones (recursos monetarios) de los ingresos por las transferencias realizadas a la entidad por la Tesorería de la Federación u otras dependencias federales. El segundo rubro en el que se detectaron más anomalías corresponde a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos Operativos, donde el probable daño es de 217 millones 217 mil pesos.
“El gobierno de Nayarit incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, falta de aplicación, transferencia de recursos y falta de documentación comprobatoria del gasto”, indica el informe. Al realizar una evaluación sobre el control interno de estos recursos en particular, la ASF determinó que se “carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética institucional”.
En noviembre, el gobierno encabezado por Antonio Echevarría reveló que la pasada administración dejó de pagar 559 mdp correspondientes a diversos impuestos y se detectó una falta de recursos por 324 mdp del fondo de pensiones, un adeudo a proveedores y contratistas por más de 600 mdp.