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Cuando la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto de Oaxaca rescató a dos jóvenes hermanas que eran prostituidas en un bar de la Villa de Etla, lo único que tenían en claro los agentes es que nadie pagaría por ese delito, pues ninguna aceptó declarar que habían sido víctimas de trata y tampoco quisieron interponer una denuncia .
El rescate de las hermanas, una de ellas menor de edad, se efectuó en 2017 y forma parte de los 55 casos de trata de personas registrados en la entidad de 2016 a la fecha. Hasta ahora, ninguno ha sido judicializado, es decir que no hay un sólo tratatante detenido ni sentenciado por esos delitos. Las investigaciones siguen abiertas.
Juventino Pérez Gómez, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos de Alto Impacto, considera que la trata de personas “es un delito complejo, bastante complicado de demostrar”, pues en casos como el de las hermanas la falta de acusación en contra de los tratantes y la negativa de reconocerse como víctimas de explotación sexual dificulta la aprehensión de los responsables.
Sobre las jóvenes mujeres rescatadas del bar de Etla, el fiscal agrega que la madre de ambas estaba al tanto e incluso defendía el hecho, por considerarlo como un “trabajo” y una forma de obtener ingresos para el sustento de su familia.
Luego del rescate, la menor de las jóvenes, que entonces tenía 17 años, fue puesta a resguardo del sistema DIF Oaxaca, pero al cumplir su mayoría de edad abandonó el lugar y regresó a su hogar, ubicado en los Valles Centrales.
De acuerdo con cifras de esta dependencia especializada, la trata de personas se configura como un delito que golpea predominantemente a las mujeres, pues 95% de las víctimas son del sexo femenino y otro 5%, menores de edad. Entre las 55 carpetas que se investigan actualmente en la entidad por trata de personas se incluyen casos de explotación sexual y laboral, así como de adopción ilegal, pues también está considerada como trata.
Delito... ¿sin víctimas?
Para Juventino Pérez, el fiscal oaxaqueño encargado de investigar la trata de personas, la falta de judicialización de los casos se debe a que jurídicamente “no existen víctimas”, puesto que la mayoría se niega a declarar y porque las denuncias se reciben principalmente de forma anónima, de personas ajenas a las agraviadas.
“Es una dificultad que hay en el camino, porque si me dicen que una persona está prostituyéndose porque hay una persona detrás de ella, cuando llego, esa persona dice: No, estoy por mi cuenta”, explica. Pero la realidad es que aún cuando legalmente no se puede acreditar el estatus de las víctimas , éstas existen.
Sólo el año pasado, señala el fiscal, la instancia rescató a cinco víctimas de este delito: dos de ellas explotadas sexualmente en el bar de Etla, dos agraviadas por explotación laboral y una niña de cuatro años, quien fue adoptada ilegalmente.
Aunque la adopción ilegal se considera también como trata de personas, explica el titular de la Unidad de Trata de Personas de la dependencia, Wilfrido García Olivera, en el caso que investiga actualmente, sobre una menor que fue sustraída a los tres meses y adoptada ilegalmente por un matrimonio, aún no se ha podido creditar el hecho como trata de personas, por lo que tampoco hay responsables detenidos.
La comisión del delito ocurrió hace cuatro años en los Valles Centrales, cuando la madre, quien no sabe leer, fue engañada por un familiar quien le arrebató a su hija cuando su esposo se encontraba en Estados Unidos. Al volver, el padre de la menor interpuso la denuncia penal. La fiscalía recuperó a la niña y la trasladó al DIF, donde continúa recibiendo atención psicológica, pues desconoce a sus padres biológicos.
Más castigo, menos castigados
Recientemente, el Congreso local armonizó la ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, que en el país entró en vigor desde 2012. Con ello, este delito deberá ser castigado hasta con 30 años de prisión.
Según el dictamen de la iniciativa, presentado por diputados de Morena, Oaxaca se cuenta entre las 17 entidades en las que operan 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral, dato que tomaron del informe: Instrumento para el Estudio de las Condiciones de Trata de Personas en México 2009.
Sobre estos 47 grupos, el fiscal negó su presencia en Oaxaca y descartó que se haya enraizado la impunidad, ante la falta de judicialización de los casos.
“A una víctima de trata no puedes traerla y (decirle) ‘siéntate, te tomo tu declaración’. No, porque son personas que han sufrido lesiones o han sido agraviadas sistemáticamente. Se necesita un tratamiento y para eso necesitamos expertos; sin embargo, estamos trabajando para poder atender esa problemática”, asegura el fiscal.
La magnitud de este fenómeno en la entidad ya había sido documentada por académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quienes concluyeron que Oaxaca tiende alta incidencia de trata en sus tres modalidades: de origen, de tránsito y destino, y de forma mediática.
Además, Oaxaca es uno de los estados más expuestos por su localización y por la presencia de problemáticas socio-demográficas-políticas, como pobreza, educación y presencia del crimen organizado.
El diagnóstico revela que las regiones de Valles Centrales y la Costa son focos rojos por la comisión de este acto delictivo.