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Villahermosa.— El gobierno de Tabasco busca establecer como un delito penal, que podría penarse hasta con seis años de prisión, la prestación indebida del servicio del transporte público; estaría incluido el servicio de taxis ejecutivos Uber, que no tiene permiso para circular en la entidad.
La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso local, en la que se argumenta que es obligación del gobierno garantizar el servicio del transporte público en todas sus modalidades a precios asequibles y con condiciones de seguridad. Diariamente 781 mil tabasqueños se transportan en estas unidades, según datos del estudio integral elaborado por la Secretaría de Comunicaciones de la entidad.
“Es importante procurar la plena seguridad de los usuarios de transporte público, porque se expone de manera potencial la seguridad de un alto porcentaje de la población, debido a que se ha detectado que en la entidad circula un considerable número de unidades sin licencia, concesión o permiso con el que se acredite la prestación del servicio de transporte público”, señala la iniciativa enviada este martes.
La propuesta de reforma al Código Penal establece una pena de dos a seis años para quienes brinden el servicio ilegal del transporte público, debido a que constituye un riesgo a la seguridad de los usuarios, especialmente mujeres y grupos vulnerables. Además, se indica, representa una competencia ilegal a quienes de manera legítima son titulares de concesiones o permisos para prestar el servicio en sus modalidades.
“Con base en la falta de regulación en la materia y en la necesidad de actualizar el marco jurídico citado, se considera pertinente la creación de este nuevo tipo penal en aras de otorgar seguridad a los usuarios, concesionarios y permisionarios”, señala la iniciativa turnada a comisiones. De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, José Antonio de la Vega Asmitia, en esta reforma está incluido todo servicio de transporte, como taxis, pochimóviles, servicios ejecutivos y Uber, que no tienen un permiso autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“Se incluye a todo aquel circulando o prestando el servicio de transporte público sin tener una concesión autorizada por el estado, como lo marca la ley del transporte. Esto incluye a Uber, que no tienen concesión”, indicó.
Agregó: “La sanción penal pudiera ayudar un poco a disminuir también estos ilícitos que afectan no sólo a los prestadores del servicio de transporte público, sino al ciudadano, porque al existir unidades irregulares no se tiene control y se cometen muchos delitos”. El también coordinador de la bancada del PRD, José Antonio de la Vega, considera que por ser un tema de relevancia pudiera discutirse ante del 15 de mayo, fecha en que termina el periodo ordinario de sesiones.
Juan Carlos Ortiz Celaya, representante legal de taxis irregulares, aseguró que el caso de sus clientes, que son 460 socios, será imposible que se les detenga debido a que cuenta con amparos autorizados por un juez federal. Aseguró que existen por lo menos 2 mil unidades pirata o clonadas crculando.
En otras entidades, como Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz existe el delito de “prestación indebida o ilegal del servicio del transporte público”.
