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Santa María Atzompa.— Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el último día de octubre de este año, en México al menos 252 defensores de la tierra y activistas ambientales fueron agredidos o asesinados por motivos relacionados con su labor, según datos del organismo civil EDUCA Servicios para una Educación Alternativa A.C.
Del total de casos registrados, 225 corresponden a homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y 27 a desapariciones, hechos que de acuerdo con el documento ocurrieron durante o tras realizar tareas de denuncia, visibilización y activismo en contra de actividades como tala ilegal, extractivismo de minas o cuerpos de agua, protección del medio ambiente y de Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía, sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos.
Según el informe, retomado por activistas ambientales en el marco de la reunión Anti COP 2024, Oaxaca es donde más defensores fueron asesinados, con 58 casos; le sigue Guerrero, 39; Michoacán, 21; Chiapas, 17, además de Puebla, Morelos y Chihuahua con 10 homicidios.
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Luego están Jalisco y Sonora, con 8 casos cada uno; Veracruz, 7; Estado de México, 6; Hidalgo, Guanajuato y Baja California, 5; Ciudad de México, 4; Zacatecas, 3; San Luis Potosí y Sinaloa, 2 y, finalmente, Campeche, Tlaxcala, Aguascalientes, Colima y Baja California Sur con un asesinato por cada entidad.
En promedio, por año fueron asesinados 38 defensores y activistas. De acuerdo con las organizaciones civiles que realizaron el informe, 42 de los 225 casos de homicidio fueron perpetrados en ejecuciones extrajudiciales y, entre las 23 desapariciones forzadas, sólo cuatro personas aparecieron con vida.
Las luchas más peligrosas son por defender el derecho a la tierra, al territorio y un medio ambiente sano pues, del total de casos, 94 ocurrieron a activistas de este sector. En tanto, 85 defensores fueron asesina dos por defender derechos civiles y políticos de sus comunidades.
EDUCA reveló que el sur de México es el más peligroso para esta labor, pues los 114 homicidios ocurridos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas representan 51% de todos los casos en el país.
En dos de cada tres casos los agresores pertenecían a poderes fácticos o autoridades, según investigaciones oficiales. En cinco, autoridades de Morena fueron denunciadas como presuntas responsables. Los casos ocurrieron en Amatán, Chiapas, pues en 2021 Noé Jiménez Pablo y José Santiago Álvarez fueron señalados como responsables.
También en Tlapa de Comonfort, Guerrero; Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca, donde Arnulfo Cerón, Claudia Uruchurtu y Sandra Domínguez fueron señalados como autores intelectuales de agresiones.
Del total de personas muertas, 140 eran indígenas y una afromexicana, mientras que 62% de los defensores asesinados procedían de un pueblo indígena y 57% eran campesinos.
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La organización destacó que la desaparición forzada sigue siendo un mecanismo para inhibir la defensa de derechos. De los 252 casos, 51 defensores fueron víctimas de desaparición forzada; 23 permanecen en condición de desaparecidos; 24 personas fueron asesinadas y sólo cuatro aparecieron con vida. Dichas cifras representan solamente 8% del total de 51 casos.
De las 23 personas defensoras en condición de desaparecidas, cuatro son mujeres y 19 hombres. Destacan los estados de Sonora: con 10 yaquis desaparecidos y Oaxaca con tres hombres y tres mujeres defensoras desaparecidas, entre ellos los casos de cuatro mixtecos.
EDUCA concluyó que “los datos recopilados arrojan que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional, pues las agresiones y asesinatos constatan el debilitamiento de las instancias de protección y de los organismos autónomos de derechos humanos”.
Asimismo, remarcó que en este gobierno se reforzó la cultura de la impunidad y la militarización de la seguridad pública; el acceso a la justicia se convirtió en la excepción y no en la regla.
