Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó de que el protocolo de protección a migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos y la falta de asistencia humanitaria del gobierno de México ponen en peligro la vida de los solicitantes de asilo en el estado de Tamaulipas.

La organización explicó que el protocolo estadounidense obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesan sus casos. Esta situación obliga a estas personas a quedarse en ciudades como Matamoros, donde la infraestructura es “deficiente y los altos niveles de violencia, incluidos el secuestro, la extorsión, el robo a mano armada y la violencia sexual, ponen en riesgo sus vidas.

“Es inaceptable que personas vulnerables, mujeres, niños, familias y hombres sean forzados a vivir en condiciones de riesgo debido a la violencia de las redes criminales y también al trato inhumano al que son sometidos por parte de México y Estados Unidos”, señaló Marcelo Fernández, coordinador general de MSF en México.

Desde que se implementó el MPP —en agosto de 2019—, Médicos Sin Fronteras ha denunciado que muchas personas pasan la noche a la intemperie, expuestas a los grupos del crimen organizado que se disputan el control, por lo que ciudades como Matamoros no están preparadas para recibir un gran número de solicitantes de asilo.

Entre junio de 2018 y junio de 2019, el 45% de los 2 mil 315 pacientes de salud mental atendidos en Reynosa y Matamoros manifestaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante la ruta migratoria. De ese 45%, el 33% aseguró haber sido agredido físicamente y el 19%, por violencia sexual.

Solicitan regreso. Elementos de la Policía Estatal rescataron a dos migrantes, oriundos de Guatemala, que deambulaban en Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, y solicitaron apoyo a los uniformados, debido a que tenían al menos cuatro días viviendo en la vía pública.

Los centroamericanos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Estatal para brindarles hidratación, alimentación y además de realizarles una certificación médica por las condiciones en que fueron encontrados.

Después fueron llevados a Reynosa ante Instituto Nacional de Migración (INM), institución que se encargará de revisar su situación legal y, en su caso, repatriarlos. Con información de Europa Press

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