En Quintana Roo se están "vendiendo densidades", denuncia ONG

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Solidaridad.- El Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) afirmó que la sobredensificación de Tulum, ilegalmente aprobada por el gobierno municipal, a través del Cabildo, confirma que en Quintana Roo “se están vendiendo densidades” por lo cual llamó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a intervenir urgentemente.

El mandatario visita hoy Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, para revisar los avances del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) , que consta de 18 obras, financiadas con 243.9 millones de pesos, a ejercerse en la colonia Ejidal, Ampliación Bellavista, Forjadores, la “28 de Julio” y los fraccionamientos Palmas 1 y Misión de las Flores.

Su llegada al Poliforum, localizado en la zona ejidal de la ciudad, está programada en la mañana, junto con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón; el gobernador del estado, Carlos Joaquín González y la alcaldesa Laura Beristain Navarrete.

“López Obrador tiene que voltear a ver lo que está pasando en Quintana Roo, desde hace más de 20 años. En el estado se están vendiendo densidades al mejor postor, provocando un desastre ambiental, social y económico, hasta para los propios inversionistas. Si seguimos como hasta ahora, densificando hasta los cuerpos de agua, será un suicido.

“Los gobiernos, sin importar el partido, incluido Morena, sólo están viendo su beneficio. En el pasado hemos visto cómo sobredensifican, se llenan los bolsillos en tres o seis años, se van, heredan el problema a los siguientes, que no resuelven y le dejan el problema a los habitantes. Es urgente que el presidente se dé cuenta y actúe”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Además de la venta de densidades, se están flexibilizando límites y reestricciones, a través de la modificación de los Programas de Desarrollo Urbano (PDUs) y los Programas de Ordenamiento Ecológico , para crear “trajes a la medida” de empresarios, políticos y particulares, “que promueven el crecimiento y no el desarrollo”.

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La activista, con más de 30 años enfocada en los temas ambientales y de defensa de derechos humanos, subrayó que la venta de densidades nació en Cancún, se siguió hacia Playa del Carmen, se replica en Puerto Morelos, va para Bacalar y acaba de estallar en Tulum.

Ahí, el gobierno municipal presidido por el alcalde Víctor Mas Tah, aprobó la modificación de usos del suelo en más de 900 predios, en una superficie de mil 800 hectáreas, en donde se aumentó la densidad en un 240 por ciento, en comparación con lo que marcaba el PDU 2006-2030.

El cambio de parámetros urbanos, aprobado por el Cabildo en sesiones celebradas de julio a diciembre del 2019, permite la construcción de 109 mil viviendas adicionales a las aprobadas en ese PDU, instrumento de planeación que establecía un umbral de crecimiento de 45 mil 313 viviendas.

El tema llevó a un grupo de ciudadanos hasta el Congreso a denunciar lo ocurrido, al considerar que “no existe un antecedente histórico de un desastre urbano”, como el que se propició con esas modificaciones.

Ante la presión social, política y mediática, el 30 de enero, Mas Tah anunció que el Cabildo de Tulum dio marcha atrás, revocando los cambios de usos del suelo aprobados por su administración y publicados por el gobierno del estado el 19, 23 y 24 de diciembre pasado en el Periódico Oficial.

En su cuenta de twitter, el gobernador Carlos Joaquín González le felicitó por haber rectificado.

“Celebro la decisión del @Ayto_Tulum encabezado por @VictorMasTahT de revocar actas de cabildo publicadas en Periódico Oficial, evitando un desarrollo urbano de alto impacto en zonas de preservación ecológica (…)”, se lee en el mensaje.

Sin embargo, un día después, el edil -quien admitió que el ayuntamiento carece de infraestructura necesaria para dotar de servicios, porque “estamos rebasados por el crecimiento”- declaró en un noticiario radiofónico que insistirá en el tema, asegurando que hubo “un análisis” para aumentar las densidades y que las modificaciones se hicieron en apego a estudios que no mostró, ni ha hecho públicos.

“Es que justo eso es lo que no tiene lógica, ni sentido alguno. Una cosa es el crecimiento inercial y otra forzar el crecimiento, para generar especulación, más gente, más viviendas, en zonas que tampoco son aptas para el desarrollo urbano.

“Si están rebasados mejor que garanticen la introducción de servicios y no lo que hicieron, que hará mucho daño”, consideró Domínguez Rodríguez, quien agregó que lo hecho en Tulum debe tener consecuencias legales, para no dejar impunes las irregularidades cometidas con la sobredensificación.

La ambientalista subrayó que lo sucedido en Tulum, es reflejo de Cancún, en donde a través de “cabildazos”, de la violación de las leyes locales y federales, empresarios y autoridades han sobredensificado la zona turística y ahora también la ciudad.

“Se tiene que decretar una moratoria, en tanto no se satisfagan los servicios públicos; Cancún ya no aguanta más, dicho por el propio director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. No hay infraestructura, las tres plantas de tratamiento de agua que se construyeron hace más de 30 o 40 años no se dan abasto.

“López Obrador tiene que poner orden, porque no lo hacen los alcaldes, no lo hace el gobernador, no lo hace nadie y el pato lo está pagando la población, que pierde calidad de vida; los empresarios que hacen las cosas legalmente y los ecosistemas, que son la víctima directa de estas decisiones y esta corrupción que le pone precio a la destrucción de la naturaleza”, sostuvo.

Semanas atrás, el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) declaró a este diario que solicitará al ayuntamiento de Benito Juárez, reducir las densidades marcadas en el PDU 2018-2030 -que además está litigado por ciudadanos- para revertir la sobredensificación de la zona turística.

El funcionario dijo que estaba muy claro que el aumento de densidades y la modificación de parámetros urbanos en la zona hotelera, que violentan el Plan Maestro del Fonatur, fueron aprobados por gobiernos municipales en el pasado y se derivan de actos de corrupción.

Entre los casos que vienen arrastrando irregularidades desde hace 15 y 5 años, documentadas por organizaciones como GEMA y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), figuran los proyectos Grand Island y el hotel Riviera Cancún, que el grupo Riu construye en Punta Nizuc.

El 29 de enero pasado, el jurídico del Fonatur, Alejandro Varela, se reunió en privado con la alcaldesa “Mara” Lezama” y con integrantes del Cabildo, para expresarle que no se permitirá el desarrollo de ambos proyectos, lo cual se hará oficial en esta semana, de acuerdo con Jiménez Pons.

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afcl