La tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el estado de Oaxaca aumentó un 79 por ciento en cuatro años, aseguró el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez.
El deterioro en la seguridad pública; sin embargo, sostuvo que se debe a factores externos a la “dinámica de seguridad al interior de la entidad”.
El fiscal informó que fenómenos delictivos como el narcotráfico, la migración o la trata de personas “son delitos que llegan, en parte, desde afuera y podrían significar cambios coyunturales en los índices de seguridad”.
En el informe de sus primeros 100 días al frente de la Fiscalía General del Estado, afirmó que los delitos que son “exclusivos” del contexto social del estado son el robo a casa habitación, violación, robo en carreteras o ganado; los cuales, dijo, sirven para medir los niveles de inseguridad causada por factores internos.
Aún así, aceptó que los datos duran muestran que Oaxaca perdió posiciones en las listas nacionales en rubros sensibles a la seguridad y justicia.
“Los estudios y encuestas desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática ( Inegi) , el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y demás análisis internacionales, coinciden en que Oaxaca registra una problemática de seguridad y justicia, cuyo deterioro se agudizó en los últimos años”.
Además, advierte que a partir del análisis puede aseverarse que el deterioro en la seguridad durante los años 2012-2016 viene en un vector significativo, puesto que el número de delitos como la violación creció considerablemente.
El fiscal Rubén Vasconcelos afirmó que la percepción de inseguridad en los ciudadanos se sustenta en las distintas estadísticas sobre inseguridad y violencia , donde se registra el aumento en el número de homicidios dolosos, secuestros, robos y asaltos con violencia.
La gobernabilidad y política interna, agregó, también contribuye a la percepción de inseguridad en el estado.
“Los distintos conflictos municipales, electorales, territoriales y agrarios, las movilizaciones sociales y magisteriales, así como sus diferentes expresiones y manifestaciones, registradas con mayor frecuencia en estos últimos años, sobre todo a partir del 2006, incidieron en la opinión pública, al fortalecer el sentimiento de indefensión, incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones de gobierno”.
Aunado a esto, advirtió que la debilidad institucional para controlar y combatir el delito, la falta de capacitación y, en algunos casos, el desconocimiento de las normas vigentes, así como las carencias en t érminos de profesionalización, equipos con tecnología de vanguardia e instrumentos, limitan en los hechos una atención oportuna y eficiente.
cfe