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Villahermosa.— El gobierno de Tabasco anunció que a partir de marzo arrancarán los operativos para frenar el servicio de Uber, por lo que cerca de mil conductores se encuentran en la incertidumbre patrimonial y jurídica, debido a que la sanción que alcanzarían quienes sean detenidos es de seis años de prisión.
Según el Artículo 317 Bis del Código Penal, el servicio de Uber, Beat y otro tipo de transporte similar que se ofrezca a través de plataformas digitales es considerado como prestación indebida y se sanciona con prisión de dos a seis años y con una multa de 500 a mil días de salarios, que equivalen a cerca de 86 mil pesos, y las penas se impondrán al propietario del vehículo.
El titular de la Secretaría de Movilidad del estado (Semovi), Narciso Oropeza Andrade, advirtió que en marzo próximo iniciarán operaciones tres empresas con un servicio de taxis por aplicación, con al menos 800 unidades que sustituirán a Uber que no cuentan con concesiones, ni permisos y, por tanto, le aplicarán la ley.
El mismo gobernador del estado, Adán Augusto López (Morena), ha advertido que se aplicará la ley para poner orden en el servicio de transporte público, afirmando que no se puede justificar la falta de empleo para violentar las normas estatales.
“Aunque sea cuestionable la manera en que se hayan otorgado concesiones en el pasado, hay disposiciones legales que hay que respetar. Si nosotros no hacemos eso, este va a ser un estado caótico”, indicó.
Y agregó: “No podemos seguir en Tabasco viviendo en el desorden en todos los sentidos. Llegamos y nos estacionamos donde queremos, no pagamos nuestras multas”.
De acuerdo con el dirigente del Movimiento Nacional del Transporte Multimodal, Juan Carlos Ortiz, Uber mantiene sus datos confidenciales; sin embargo, se han detectado al menos 700 vehículos con más de mil 150 conductores, a los que se suman otros 100 vehículos de Beat, que es una empresa similar con cerca de 100 conductores.
En este caso, los choferes de Uber en Tabasco han enviado escritos a la Dirección Ejecutiva de la empresa en la Ciudad de México, exponiendo la situación del estado y solicitando asesoría legal sobre cómo actuar ante una evidente cacería contra unidades de Uber por parte de la Secretaría de Movilidad.
