Zacatecas.— El juicio por la violación de una niña de 14 años de edad, cometida por un joven de 16, atraviesa por un encono jurídico, debido a que esta semana se vence el plazo para que el agresor reciba sentencia o, de lo contrario, de acuerdo con la Ley de Justicia para Adolescentes en el Estado de Zacatecas, no podrá seguir en prisión preventiva y será liberado. Todo esto, a pesar de que fue detenido en flagrancia.
Hasta ahora, la sentencia no se ha podido dictar, debido a que existe un amparo ante un juez federal para impedir que la audiencia del juicio oral contra el agresor se realice. Dicho recurso fue interpuesto por colectivos feministas, al considerar que la investigación realizada por el Ministerio Público “está plagada de ilícitos e impunidad”.
En este sentido, en entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, detalla que este entramado legal pone en una situación complicada al Poder Judicial.
Según explica, esta semana se cumplirán cinco meses de que el imputado está con la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, y, según la Ley de Justicia para Adolescentes, toda sentencia contra un menor debe emitirse antes de este plazo, por ello, refiere que era importante que se hubiera realizado la audiencia de juicio oral.
De llegarse a cumplir los cinco meses, detalla Nahle García, de acuerdo con la ley se verán obligados a cambiar a otra medida cautelar, mientras se concluye el proceso penal.
El delito contra la menor, cuyo caso ha sido expuesto en una demanda de justicia por colectivos feministas, ocurrió el pasado 2 de abril, cuando el agresor engañó y alcoholizó a la víctima hasta dejarla inconsciente, para luego llevarla a un automóvil, donde la violó “de todas las formas posibles: oral, anal y vaginalmente”.
Según versiones, el agresor de 16 años fue detenido en flagrancia por elementos de seguridad del municipio de Guadalupe y, luego, puesto a disposición del Ministerio Público.
Por su parte, según Mara Muñoz Galván, presidenta del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas de Zacatecas, tras ocurrir la violación, la víctima acudió a declarar por la madrugada a la Fiscalía General del Justicia de Zacatecas (FGE), donde la tuvieron seis horas para empezar las diligencias básicas tras una violación.
En varias ocasiones, Muñoz Galván ha explicado que al inicio de las indagatorias había múltiples pruebas para demostrar el delito; sin embargo, la FGE ha ido “manipulando la investigación para beneficiar al imputado”. Según su versión, entre las irregularidades detectadas que llevaron a los colectivos a interponer el amparo se encuentran que no se hizo una confronta de las huellas dactilares del imputado con las halladas en el auto donde se cometió la violación.
Asimismo, la fiscalía no tomó muestras del esperma que estaba en el cuerpo de la menor, bajo el argumentó de que “no era relevante para la teoría del caso”.
Por otro lado, las activistas han acusado “influyentismo”, pues la defensa del imputado fue exfuncionario de la fiscalía estatal.
En este contexto, EL UNIVERSAL buscó la postura de la FGE, la cual se limitó a informar que “al ser un asunto estrictamente legal, la fiscalía litiga estos asuntos en los tribunales”, por lo tanto, no se emitiría ninguna declaración al respecto.