Mérida.— Lissie Julissa Chuc Haas mantiene una batalla legal contra la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay) y del DIF estatal, pues acusa que la despojaron de sus dos hijos (uno de seis años y una recién nacida) por discriminación por su condición de pobreza y por su orientación sexual.
En contraste, las autoridades señalaron que los menores “mostraron indicios de encontrarse en una situación de riesgo si permanecían en resguardo de su madre”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Julissa, de 29 años de edad, cuenta que hace seis años dio a luz a Géisser Abimael y a finales de octubre nació su segunda hija, a quien quiere poner el nombre de Génesis Ariadne.
Su abogada y asesora legal, Daríana Quintal Narváez, relata que para su segundo parto, la joven acudió a Mérida, al Hospital General Agustín O’Horán, del sector público, donde presuntamente una trabajadora social la cuestionó por su orientación sexual y demeritó su capacidad para ser madre.
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“Comenzó a hacer cuestionamientos, como por ejemplo: ‘¿Cómo es que si le gustan las mujeres está embarazada?, ¿cómo se embarazó?, ¿cómo va a mantener a su niño?’ Le empieza a preguntar en qué trabaja, cuando Julissa es una mujer que se dedica a la albañilería, a ‘chapear’ predios y en ocasiones a la limpieza doméstica”, detalla la abogada.
Quintal Narváez detalla que la trabajadora social empezó a hacerle preguntas incisivas a Julissa para que aceptara que alguna vez en su vida había consumido marihuana, además de preguntarle constantemente “¿qué ejemplo le vas a dar a tus hijos?”.
Posteriormente, cuando la dieron de alta —el pasado 28 de octubre—, personal del hospital retuvo a la recién nacida, bajo el argumento de que estaría a cargo de la Prodennay, porque ella no podía hacerse cargo de la menor.
“Cuando Julissa empieza hacer las investigaciones en la Prodennay, se entera que la menor fue retenida porque supuestamente vecinos habían declarado que ella maltrataba a su niño [su otro hijo de seis años] y que por eso había retenido a la niña”.
La abogada explica que Julissa comenzó a buscar cómo recuperar a su hija recién nacida y fue citada en la Prodennay para el 4 de noviembre.
La litigante asegura que la mamá fue engañada, porque le ofrecieron que si se presentaba con su hijo de seis años para una valoración sicológica y de integridad física, le darían un documento para que recogiera a su recién nacida.
Sin embargo, en las instalaciones de la Prodennay, su hijo fue puesto bajo custodia de la dependencia, porque presuntamente presentaba dos lesiones: un rasguño cerca del rostro y una uña del pie lastimada.
La asesora legal de Julissa indica que, además de eso, el DIF estatal emitió un comunicado sobre el caso, donde intentó desprestigiar a la víctima en el que decía: “El DIF estatal rescata a dos menores de su madre que los violentaba”, a pesar de que no había pruebas en contra de la joven.
Ahora, la procuraduría estatal tiene bajo su custodia a los dos hijos de Julissa y no se los devuelven porque la acusan de que los menores no estarían en condiciones adecuadas, por presunto maltrato infantil y porque consume sustancias ilícitas.
La abogada narra que a Julissa le permitieron estar con la bebé una vez para amamantarla, lo que contradice los propios argumentos de acusación: “Si presuntamente es drogadicta, según el Estado, ¿por qué aceptaron que alimente a la niña?”.
Julissa cuenta que a la bebé no la ha podido registrar, aunque reconoce que su hijo tampoco ha sido registrado, debido a que cuando lo tuvo en Cancún, Quintana Roo, no tenía dinero para pagar el hospital y no le dieron el certificado de nacimiento.
“En situación de riesgo”
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Yucatán indicó en su momento sobre este caso: “La bebé recién nacida y el pequeño de seis años de edad mostraron indicios de encontrarse en una situación de riesgo si permanecían en resguardo de su madre”.
La dependencia aseguró que la mujer fue informada en tiempo y forma de la situación de sus hijos y recibió orientación necesaria para obtener la guarda y cuidados de los menores, lo cual negó Julissa.
“El pasado 26 de octubre, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes activó los mecanismos de asistencia social pertinentes por el caso de la bebé, que en ese momento tenía dos días de nacida.
“Durante la investigación, se identificó a otro menor de seis años de edad con una serie de omisiones en su cuidado, como que no está inscrito ante el Registro Civil, no acude a la escuela y presenta evidencias de que recibe malos tratos, resultando que no se restituye en su totalidad sus derechos para vivir en condiciones dignas y para su sano desarrollo”, señaló el DIF yucateco en un comunicado.
“La Prodennay se encargará de realizar el trámite de registro de los dos menores y de continuar con el proceso de investigación para garantizar que sea viable su regreso de tutela a la mamá”.
Tanto el DIF estatal como la Prodennay no hacen alusión a la orientación sexual de la mamá de los dos menores y tampoco a su condición de pobreza extrema.
Triste, pero con esperanza
En entrevista con EL UNIVERSAL, Julissa se dice triste y preocupada por sus dos hijos, pero no deja de trabajar para poder costear sus gastos y ahorrar para los pagos de los trámites legales, pues tiene la ilusión de volver a tenerlos con ella.
“No soy una mala madre; chapeo, lavo coches, pinto casas y trabajo como ayudante de albañil. Mi círculo es de hombres, pero todos ahí saben quién soy y que mi tarea más que nada es alimentar y ver crecer a mi hijo y ahora a mi pequeña nena”, asegura la joven.
Julissa es originaria de Cancún, Quintana Roo, pero desde hace cinco años vive en Mérida, donde logró hacerse de un terreno que limpió y arregló para establecer una humilde vivienda, en el fraccionamiento de El Roble, ubicado en la zona poniente de la ciudad.
“Hasta le pedí permiso al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán [IVEY] del gobierno del estado, para estar ahí. Sé que aún no es mío, mi necesidad me llevó ahí y es donde estoy, pero pienso trabajar para poder tenerlo”, asegura.
Vestida de camisa, pantalón café y tenis con huellas del paso de los años, afirma que su orientación sexual no le impide ejercer su derecho a ser madre y como tal asume la responsabilidad.
Por eso, no le importará subirse de escalera en escalera y de techo en techo con tal de ganar el dinero necesario para recuperar a sus dos hijos.
Ha protestado ante el Palacio de Gobierno, ha pedido el apoyo de varios vecinos y amigos que simpatizan con su causa, que la conocen y reconocen que no le haría daño a ninguno de sus hijos: “No voy a parar hasta volver a tenerlos a los dos; son mis hijos y deben estar con su madre y yo, Lissie Julissa, soy su madre”.
La joven reconoce que a veces no da crédito de lo que pasó: “Lo peor es que con pura mentira, porque alguna vez consumí marihuana y se lo comenté a la trabajadora social y creo que de ahí sacó que yo soy adicta, pero no lo soy”, puntualiza.
Su abogada refuerza su argumento, pues tiene un documento en el que a Julissa le realizaron un antidoping en el hospital donde dio a luz y salió negativo, lo cual constituye otra prueba más.
También la litigante asegura que, aunque han solicitado la identidad de la trabajadora social que abrió el expediente en el hospital, las autoridades no han querido dar los datos, pues acusan que sus comentarios acerca de la maternidad de Julissa fueron abiertamente homofóbicos.
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