Nos platican, desde Colima, que lo que ha causado revuelo en los últimos días es la fortuna del gobernador Ignacio Peralta Sánchez (PRI), luego de que se pusiera al descubierto que en tan sólo dos años duplicó su patrimonio, según consta en sus declaraciones patrimoniales. En febrero de 2016, nos explican, don Ignacio presentó su primera declaración tras asumir el cargo y señaló tener bienes y cuentas bancarias por un total de 18 millones 894 mil 654 pesos, pero en la última declaración presentada en diciembre de 2018, el mandatario señala que su fortuna asciende a 41 millones 955 mil 836 pesos. El tema, nos detallan, es que en el último documento destaca la adquisición de un condominio con un valor superior a los 27 millones de pesos, lo que ha provocado que varios comiencen a pedir explicaciones, pues no ven cómo hizo el mandatario para incrementar de esa forma sus bienes con el sueldo que percibe. ¿Será que se topó con algún genio de la lámpara?
Los legisladores de Sinaloa, nos dicen, se echaron para atrás en su compromiso de austeridad, o al menos eso se planteó luego de que comenzaran a organizarse para tumbar una reforma avalada por ellos mismos en 2019, que establece que para 2021 se reducirán de 24 a 18 los distritos electorales del estado y que los diputados por la vía plurinominal pasarán de 16 a 12. No obstante, nos revelan, ahora los sinaloenses salieron a decir que están arrepentidos de cerrar espacios políticos, por lo que ya se reúnen para revertir los cambios y hasta han designado a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense, como una especie de vocero. Aunque este cambio es promovido por los partidos PAN, MC y PRD, nos revelan que lo grave es que no se escuchan voces opositoras, ni siquiera del grupo parlamentario de la 4T, que es mayoría. ¡Qué tal!
En Baja California Sur, nos comentan, ha sorprendido que a casi tres años no se haya logrado terminar de conformar el Sistema Anticorrupción, pues, para empezar, los diputados locales ni siquiera han elegido al fiscal. Además, nos dicen, los integrantes del Comité de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) siguen esperando desde hace más de un año una cita con el gobernador Carlos Mendoza (PAN), eso sin contar que en la revisión del presupuesto del estado llama la atención que mientras en 2019 se gastaron 100 millones de pesos en gasolina, viáticos y traslados, a la consolidación del SEA se le entregaron apenas 2 millones de pesos y entre jaloneos tuvieron que solicitar una ampliación para poder trabajar. Todo indica, nos señalan expertos, que ya es hora de apretar las tuercas en el estado.
Quien volvió del exilio político, al parecer para dar patadas de ahogado, nos indican, fue el exalcalde de Tijuana, Baja California, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (PAN), luego de haber sido citado en la Sindicatura Procuradora, para responder a cuestionamientos sobre su declaración patrimonial. Tras acatar la orden de la autoridad, nos dicen, el panista llamó la atención por dos cosas: salir corriendo de los cuestionamientos de la prensa y luego publicar en sus redes sociales un video donde se dijo perseguido por el actual alcalde, Arturo González Cruz (Morena), quien no ha parado de exhibir los errores de la administración pasada. ¡Vaya formita de defenderse!