Monterrey.— El director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Noé Chávez Montemayor, afirmó que las empresas que operan con plataformas digitales o “cibertaxis” aceptaron una serie de condiciones que serán contempladas dentro de la nueva Ley de Movilidad Sustentable, que analiza el Congreso del estado.
Además, por separado, el diputado local del PAN, Jesús Nava, después de reunirse con el gobernador Jaime Rodríguez, junto con otros legisladores, afirmó que dichas empresas están dispuestas a pagar un impuesto estatal equivalente a 1.5%, como ya lo hacen en otros estados.
Durante una reunión del Consejo Estatal del Transporte, Chávez Montemayor, explicó que entre las condiciones que aceptaron las empresas que trabajan con cibertaxis están la entrega del padrón de conductores al gobierno estatal, a fin de evitar que delincuentes se infiltren a prestar el servicio, y que los choferes tramiten la licencia especial tipo E, así como un seguro contra accidentes para protegerse ellos y a los usuarios.
El funcionario mencionó que las medidas de control son necesarias, principalmente por razones de seguridad, ya que recientemente se detectó que migrantes centroamericanos utilizan licencias falsas para emplearse como choferes de dichas empresas.
Incluso, la Fiscalía General de Justicia del Estado detuvo a varias personas involucradas en el delito de falsificación de documentos, al sorprender a un sujeto con 12 licencias expedidas supuestamente por el municipio de Juchitán, Guerrero, que eran falsificadas.
Durante la sesión del Consejo Estatal del Transporte, la representante de los usuarios, Rocío Montalvo, denunció que hay rutas que están retirando unidades o han disminuido la frecuencia de paso, como forma de presionar por un aumento en las tarifas, y cuestionó por qué la Agencia Estatal del Transporte inspecciona con regularidad a los taxis, pero no a las empresas camioneras.
Chávez Montemayor, quien el 7 de junio asumió como titular de la AET —al presentar renunciar Jorge Longoria—, admitió que desde 2017 no se hacían revisiones a las rutas, “no sé por qué” y en lo que va de julio ya llevan tres. Además dijo que hará una auditoría interna, porque hay mucha falta de información en la dependencia.
Argumentó que la ruta 400 está amparada contra cualquier vulneración a todos los derechos que tiene en la concesión, y expuso que de los 251 camiones que posee, sólo son 21, de uno de sus ramales con los que viola la tarifa autorizada, y sin pretender minimizar el hecho, dijo que representan menos de .35% de todos los que circulan en la zona metropolitana.
