Empresas creadas al vapor y con direcciones de casas-habitación estuvieron entre los centros de trabajo en Durango que más aprendices tuvieron como parte del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Un ejemplo es la firma Auzar Comercializadora Integral del Norte, que se constituyó el 1 de abril de 2019, según el folio de constitución SAS2019200958 del Registro Público de Comercio (RPC) en poder de EL UNIVERSAL. Es decir, se creó meses después de la puesta en marcha del programa.
Pese a crearse al vapor, la empresa cuyo objeto social es el “comercio al por menor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca” tuvo 34 “becarios”, lo que la convirtió en el “centro de trabajo” número 15 de los mil 263 en toda la entidad, con más “jóvenes” vinculados en todo Durango, según la relación de becados entregada en noviembre, vía transparencia por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Otra compañía hallada en las mismas circunstancias fue Drigzar Servicios Integrales del Norte, creada el 26 de abril de 2019, según el RPC. Esta empresa, que supuestamente se dedica al “comercio al por mayor por medios masivos de comunicación (como correo e internet) y otros medios”, becó a 31 jóvenes, pero no existe evidencia de la vinculación.
Otro caso es Capital Durango SF, creada apenas el 19 de junio de 2019 en la capital del estado. El objeto social de la empresa es “sociedades financieras de objeto múltiple”. Según el acta constitutiva (folio de constitución SAS2019223608), el administrador y dueño es Guillermo Armijo Aguilar. Esta empresa, también creada a la mitad del primer año del programa, becó a 39 jóvenes, el decimotercer centro de trabajo con la mayor cantidad de vinculados.
Según el acta constitutiva, Capital Durango SF tiene su domicilio en Tegucigalpa 132, en la capital del estado, pero la dirección es la de una casa-habitación de dos pisos. Lo mismo la empresa Drigzar Servicios Integrales del Norte, que pese a estar en el padrón de centros de trabajo de Durango, tiene su domicilio en una vivienda de la colonia Las Margaritas, de la ciudad de Torreón, municipio conurbado con Gómez Palacio.
De igual manera, la compañía Auzar Comercializadora Integral del Norte tiene su domicilio en la colonia Francisco Zarco, de Gómez Palacio, que corresponde al domicilio de los papás de Jesús Germán Orona Gallardo, el dueño de la supuesta empresa. Cuando este reportero acudió al lugar, la madre de Jesús Germán desconocía que el domicilio de su casa estaba registrado como empresa. “Mis hijos ayudan y entregan apoyos, pero a la vuelta”, dijo la señora.
Jesús Germán trabajó como auxiliar de regidor en la pasada administración de Gómez Palacio, Durango, y estuvo inscrito como suplente de regidor en la planilla de su hermano Ángel Orona Gallardo, cuando éste compitió como candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Gómez Palacio en la pasada elección (2019). Su hermano Ángel fue regidor del PAN y también posee la empresa Inteligencia en Estudios de Opinión Pública, creada en mayo de 2018 y la cual también vinculó supuestamente a 14 jóvenes becarios, según la respuesta de la STPS.
El domicilio de la firma Inteligencia en Estudios de Opinión Pública está “a la vuelta” de la de Auzar Comercializadora Integral del Norte y es una casa maltrecha y humilde. “Aparecen con un domicilio fiscal diferente; cuando empecé no tenía para sacar una renta. Es parte del derecho; tienes opción de cinco domicilios diferentes”, justificó Ángel Orona.
Además, Jesús Germán Orona Gallardo también es socio de la constructora Tocza Servicios Integrales de La Laguna, creada en septiembre de 2018 y la cual hasta noviembre becaba a 14 jóvenes en Durango.
Otras compañías de reciente creación con varios aprendices fueron Ingeniería y Construcciones Fragua, creada en septiembre de 2018 y que hasta noviembre tuvo a 29 jóvenes, y ACR Ingeniería en Desarrollos de Software S.A. de C.V., creada en noviembre de 2018 y que becaba a 13 jóvenes hasta noviembre.
Otros “centros de trabajo” en Durango tenían nombres propios como Alfredo González Gaytán, quien tuvo 20 aprendices, o Graciela González Mijares, que tuvo 21; o en lugar de nombres están inscritos con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), como MIHA880322GM3, que becó a 25 personas.
Al respecto, Álvaro Cárdenas, abogado especializado en Derecho Corporativo y Administrativo, comentó que las Reglas de Operación del programa en 2019, más que claridad reflejaron las debilidades.
Ejemplificó que aunque se establecieron requisitos mínimos para poder contratar aprendices, en la práctica los requisitos no garantizan los objetivos del programa, que es ocupar a la juventud mexicana.
Cárdenas criticó que pese que se requirieron documentos como el acta constitutiva, no existe manera fehaciente para generar certeza respecto a la existencia o no de los centros de trabajo, pues únicamente se solicitaban “fotografías del exterior o interior del centro de trabajo”, sin que se estipulen otros medios para comprobar su experiencia en el rubro o, al menos, la existencia del centro de trabajo.
Una persona que pidió el anonimato, mencionó que la inscribieron en la empresa Auzar Comercializadora del Norte para registrarla como becaria a cambio de 500 pesos mensuales. El resto de la beca, 3 mil 100 pesos, tenía que depositarlos en otra cuenta.
Según Jesús Germán, la empresa se dedica a comercializar desde productos de limpieza, papelería, hasta “algo de electrónica”, pero insistió en que se metieron a robar varios documentos.
Tanto él como su hermano Ángel aseveraron que becaban a jóvenes en sus tres compañías, pero que desde septiembre los dieron de baja del programa y mencionaron que las oficinas están en Torreón y supuestamente allí tienen las tres: la comercializadora, la constructora y la consultora.
Ángel refirió que llegó a tener 17 becarios y Jesús Germán enumeró que tuvo hasta 100 entre sus dos centros de trabajo. “Aceptabas jóvenes y no iban. Los aceptabas de buena fe. Si hay alguien que lo digan en mi cara”, retó Jesús Germán.
“Estábamos trabajando muy bien con el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, pero nunca fueron a revisarnos. Cuando nos dan de baja, notificamos, hablamos al programa preguntando cuál era el sentido. Nunca nos visitaron”, comentó Ángel Orona.
Su hermano Jesús Germán aseguró que en septiembre les notificaron que estaban en suspensión administrativa por “incurrir en no sé qué”, refirió. “Nos dicen eso, que la empresa estaba en complicaciones”, añadió. Sin embargo, la respuesta de la STPS los desmiente, pues hasta noviembre aparecían como empresas con jóvenes becarios bajo su cargo.
Se intentó entrevistar al delegado en Durango del gobierno federal, Édgar Morales Garfias; sin embargo, a través del área de comunicación respondió que no estaba autorizado a dar entrevistas.
El abogado Álvaro Cárdenas, quien también es maestro en Política Pública, reconoció que para este año se subsanaron vulnerabilidades en las Reglas de Operación 2020, recién publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pues en 2019 no existían límites en cuanto al número de aprendices que un centro de trabajo (público o privado) pudiera contratar.
“Esa cuestión quizá fue aprovechada por supuestas empresas que comenzaron a operar en cuanto se abrieron las convocatorias del programa”, comentó.
En las Reglas de Operación 2020 del programa se incluyó, además de limitar a un máximo de 20 aprendices por empresa privada, identificaciones y fotografías del representante legal, administradores y tutores designados; instrumento notarial que acredite a la persona registrada ante el programa como representante de la persona moral.
A las personas físicas se les limitó a tener cuando mucho cinco aprendices; a las instituciones públicas federales, máximo, 50 becarios; a las estatales, 20, y a las municipales, un máximo de 10 aprendices.
Además, las nuevas disposiciones del programa establecen que están prohibidas capacitaciones que contemplen actividades como trabajo doméstico, ventas multinivel o esquemas piramidales, vigilancia, veladores, personal de seguridad, choferes personales, actividades de culto religioso y actividades de proselitismo político-electoral o dentro de un partido político.
Ante el testimonio de una persona sobre el cobro de “cuota” para participar en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, EL UNIVERSAL ingresó tres solicitudes de información (0001400137319, 001400137419 y 0001400137519) para conocer el número de becarios vinculados a los tres centros de trabajo asociados con los hermanos Orona, negocios que estaban publicados en el padrón de la página de internet del programa.
La Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral entregó un Excel con el desglose del número de jóvenes vinculados por centro de trabajo hasta noviembre de 2019, donde sí se encontraron los tres centros de trabajo y donde previamente se había negado que existían becarios vinculados.