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Villahermosa.— En Tabasco existen al menos 120 “pseudosindicatos”, cuyos líderes se han instalado en los accesos a las zonas petroleras de la entidad y se dedican a la extorsión, denunció Ricardo Castellanos Martínez de Castro, presidente de la delegación en Tabasco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Afirmó que esa es la razón por a cual ellos avalan la reforma al Código Penal estatal, en la que se sanciona hasta con 20 años a quien cometa este delito, la llamada ley garrote que ha generado críticas ante el temor de que se utilice para impedir manifestaciones civiles.
El líder empresarial afirmó que, actualmente, el estado ocupa el primer lugar en el delito de extorsión en todas sus modalidades.
Consideró que lo anterior se debe a que en los últimos años se ha creado una industria de pseudosindicatos que —de acuerdo con reportes de los agremiados de la Coparmex— ha crecido sin control en la región.
“Estos pseudosindicatos llegan a ser más de 120 ‘pseudolíderes’ instalados en las zonas de acceso a las zonas petroleras del estado, los cuales han desarrollado la industria de la extorsión”, señaló.
Precisó que estas personas impiden “el libre tránsito a cambio de ‘cuotas’, acosando a empresas públicas y privadas, las cuales llegan a representar hasta 15% del valor del proyecto”, afirmó.
Aseguró que ante este escenario y las cifras negras, Coparmex Tabasco respalda la iniciativa de reforma al Código Penal del estado, en la cual quedaron establecidas sanciones de un nuevo tipo penal denominado “impedimento de ejecución de trabajos u obras”, afirmando que no atenta contra la libre manifestación.
Ejército da su aval. La comandancia de la 30 Zona Militar, en Tabasco, aprobó el combate de ilícitos como la extorsión, que efectúan “pseudosindicatos” en puntos de acceso a las zonas de instalaciones petroleras en el estado.
“No es que la avale [la reforma realizada por el Congreso de Tabasco], simplemente la observancia de la ley debe aplicarse”, expuso el comandante de la 30 Zona Militar, Pedro Escalera Cobián.
Los bloqueos más recientes. En lo que va de este año se han registrado en la entidad cuatro bloqueos que afectaron tanto a empresarios como al gobierno del estado.
El más escandaloso fue el que se presentó en los pozos de Pemex Madrefil 61 y 64, ubicados en el municipio de Cunduacán, cuando supuestos integrantes de sindicatos petroleros cerraron sus accesos, lo que ocasionó que el pasado 21 de marzo elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se vieran obligados a intervenir para liberar las entradas y permitir que los trabajadores y la maquinaria pudieran ingresar.
El saldo final de ese enfrentamiento entre policías y trabajadores fue de media docena de elementos lesionados, cinco civiles y daños materiales ocasionados por los garrotes y piedras que se aventaron ambas partes durante la trifulca.
Otro caso fue el cierre a los accesos de campos petroleros Ayocote y Guarichu, del municipio de Huimanguillo, que llevaron a cabo pobladores de 17 comunidades, quienes permanecían en protesta desde el 15 de junio.
La noche del lunes, mientras que el Congreso local aprobaba la modificación al Código Penal del estado, los manifestantes decidieron iniciar negociaciones y llegar a un acuerdo con las autoridades para dejar libre el acceso a estas instalaciones.
Hasta ayer, solamente se mantenía el cierre del acceso a los campos petroleros de Sánchez Magallanes, San Ramón, Rodador y Cinco Presidentes, todos ubicados en el municipio de Cárdenas.
Lo bloqueos los realizan habitantes de la zona que exigen que las autoridades atiendan sus llamados para reparar las vías de comunicación que han quedado dañadas debido a los trabajos de Pemex.
