El gobierno municipal de Chihuahua —de extracción panista— tiene contrato vigente con una empresa relacionada con el ex gobernador priísta César Duarte Jáquez, para la recaudación del impuesto predial.
Desde 2017, la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, por medio de la Tesorería municipal, firmó un primer contrato de prestación de servicio con Akala SA de CV Sociedad Financiera Popular para que pueda cobrar el impuesto predial. En 2018 tiene un contrato vigente para realizar la misma operación.
Akala formó parte de la fusión de un grupo de empresas para la creación del Banco Progreso Chihuahua, institución relacionada con César Duarte y su entonces secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral.
El 21 de marzo de 2014, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la creación de la institución bancaria Banco Progreso Chihuahua, resultado de la fusión de Unión de Crédito Progreso, S.A. de C.V., Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambio SA de CV.
En el escrito enviado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual solicitan la organización y autorización del nuevo banco, quien aparece como representante legal de las instituciones que se fusionarían es precisamente Herrera Corral.
Tanto en el contrato que se celebró el 14 de diciembre, para autorizar a Akala el cobro del impuesto predial de 2017; y en el que se realizó el 2 de diciembre de 2017, para la recaudación del impuesto de este año, firman la tesorera Aída Amanda Córdova Chávez y Javier Arturo Sotelo Ituarte, gerente general de la Sociedad Financiera Popular.
De acuerdo con la investigación que realiza la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), durante la administración del gobernador César Duarte Jáquez se creó un mecanismo de retenciones indebidas de salarios a través de descuentos a los pagos de los trabajadores que se realizaban los días 20 de cada mes y oscilaba entre 5% y 10%.
El dinero de las retenciones de parte del salario de los trabajadores se concentraba en una cuenta bancaria y se emitía cheque a nombre de una empresa, mismo que luego era destinado al Partido Revolucionario Institucional estatal para utilizarlos en campañas.
Por esos hechos fueron vinculados a proceso funcionarios de esa administración, se trata de Jaime Ramón Herrera, ex secretario de Hacienda de la entidad; Jesús Olivas Arzate, ex director General de Egresos, y Miguel Ángel Mezquitic, ex jefe de Programación y Control de Pagos del gobierno de Chihuahua.
