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El titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez , informó que la dependencia inició un procedimiento administrativo y la PGR una denuncia penal, contra la empresa Retalsa, por verter 78 mil 800 litros de aceite lubricante reciclado, que causaron un daño ambiental a lo largo de 45.8 kilómetros de los ríos La Silla, Santa Catarina y San Juan, a raíz de un incendio registrado el 21 de octubre en la planta dedicada al manejo de residuos peligrosos.
Ante la pregunta de por qué una planta que maneja residuos tóxicos, corrosivos e inflamables, se localiza a una distancia de 150 metros del río La Silla (el único afluente vivo de la zona metropolitana), Haro Bélchez comentó que fue autorizada hace 27 años, y el 27 de enero de 2005, recibió autorización para el reciclaje de tambores metálicos y plásticos que contuvieran pintura, aceite lubricante, solvente, resinas y residuos peligrosos en general.
Además, expuso, Retalsa , que opera en el Parque Industrial La Silla de Ciudad Guadalupe, Nuevo León , también cuenta con autorización para el transporte de residuos peligrosos, del siete de mayo de 2009, que incluye aceite lubricante gastado, acumuladores eléctricos vacíos, aceite de petróleo, y solvente contaminado.
En este momento, dijo el funcionario federal, la PGR investiga las causas del incendio registrado el 21 de octubre con duración de dos días, y sus conclusiones que estarán listas en próximos días, formarán parte de la carpeta de investigación penal que inició por esta emergencia ambiental, así como del procedimiento administrativo a cargo de la Profepa .
Mencionó que el material contaminante que se derramó a causa del incendio daño 5.5 kilómetros del río La Silla, transitó otros 37.5 kilómetros del río Santa Catarina hasta su desembocadura en el río San Juan, por el que el residuo peligroso, avanzó otros 2.8 kilómetros, por lo que no alcanzó a llegar a la presa El Cuchillo , ubicada en el municipio de China, que abastece de agua potable a la zona metropolitana.
El funcionario federal expuso que en ese momento la empresa no está operando, y a raíz del daño ambiental causado podría hacerse acreedora a una multa hasta por 3.7 millones de pesos por cada irregularidad que haya cometido, y quien resulte responsable de delitos ambientales , podría ser sentenciado a una pena de uno a nueve años de prisión.
Independientemente de ello, sería condenada a la reparación del daño al río, su flora y fauna, con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
En las tareas de contención y atención al derrame participaron 318 personas que lograron la extracción de 66 mil litros de aceite con agua contaminada; 16 tambos de 200 litros con lodo aceitoso, y se llenaron de siete a ocho tambos de 200 litros con peces muertos, además de contabilizar 29 tambos de lodos y maleza contaminados con el hidrocarburo de desecho.
Asimismo, explicó el procurador ambiental, con el apoyo de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Protección Civil del Estado y municipios cercanos a la zona contaminada, se colocaron a lo largo de los afluentes contaminados 366 metros de barreras oleofílicas, 120 metros de barrera marina, cuatro mil tapetes absorbentes y ocho porrones de absorbente track, de manera que en este momento la contaminación ha cedido significativamente, aunque en este momento la zona no es apta para pesca ni actividades recreativas.
Después de realizar un recorrido en helicóptero por la zona afectada para supervisar los avances de los trabajos de remediación, Haro Bélchez ofreció una rueda de prensa en las oficinas de la delegación estatal de la Profepa, donde estuvo acompañado por Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial y Víctor Jaime Cabrera, delegado de la Profepa en Nuevo León .
msl
