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Monterrey.— La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Nuevo León emitió cinco recomendaciones contra tres autoridades, entre ellas dos al secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci Zuazua, por el fallecimiento de tres personas dentro de los centros penitenciarios y revisiones invasivas en los mismos, además de golpes y torturas contra varios internos por parte de personal de seguridad y de otros presos.
Las recomendaciones 25/2019 y 26/2019 fueron dirigidas a Fasci Zuazua; la primera por no brindar una adecuada protección a la integridad física de internos que en diversos hechos fallecieron y otras resultaron lesionados, donde destaca el caso de una mujer que murió al acudir a visitar a su hermano al penal de Topo Chico.
La segunda recomendación fue por las prácticas de revisiones invasivas que atentan contra la dignidad de los familiares de las personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social Números 1, 2 (Apodaca) y 3 (Cadereyta), cometidas por el personal.
La recomendación 27/2019 se envió al edil de Monterrey, por la detención arbitraria de una persona y el uso excesivo de la fuerza por parte de policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad.
A la Fiscalía General de Justicia del estado se le dirigió la recomendación 28/2019 por actos de tortura, perpetrados por agentes ministeriales en contra de un detenido.
En la recomendación 29/2019 se señala como autoridad responsable a Servicios de Salud de Nuevo León y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por casos de violencia obstétrica en contra de cinco mujeres y sus recién nacidos, atribuidos a personal adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, al Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda, así como del IsssteLeón.
La Comisión formuló a las autoridades mencionadas diversos puntos recomendatorios, de los cuales destaca, capacitaciones en derechos humanos e inicio de procedimientos administrativos.
Además, eliminar prácticas de actos de tortura; tratamientos médicos y sicológicos; reembolso de gastos funerarios; protocolos; se erradiquen las prácticas de revisiones invasivas; suplir el déficit existente en el número de personal de seguridad y custodia en los centros penitenciarios; además, dotar a los hospitales del equipo necesario para brindar un servicio de calidad en el área materno infantil.
La recomendación 25/2019 por violaciones a los derechos humanos en los Centros de Reinserción Social del estado se originó por la falta de adopción de medidas para garantizar o salvaguardar la vida e integridad física de personas privadas de la libertad en los penales de Apodaca, Cadereyta, y el expenal de Topo Chico, cerrado en definitiva el pasado 30 de septiembre.
Uno de los incidentes ocurrió el 6 de julio de este año, cuando una mujer acudió al penal de Topo Chico a visitar a un hermano, y se encontró con su pareja sentimental, quien tras una discusión la privó de la vida con un arma blanca.
En otro caso, tres internos de ese reclusorio denunciaron que antes de su traslado a un penal federal fueron golpeados con tablas y bates por otros presos.
