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La Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el municipio de Benito Juárez embargó 22 predios a nombre de María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, encarcelado en un penal federal en Morelos.
Lo anterior, por orden de un juez de Control de la entidad, que el 15 de marzo pasado notificó, a través del oficio 1576/2018, la medida cautelar a la Secretaría de Finanzas del estado.
A través de una notificación fechada el pasado 4 de abril, la dependencia estatal respondió a los juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal que se “llevó a cabo la inscripción del embargo” en los predios ubicados en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel.
Entre los inmuebles asegurados, destaca el identificado con el folio electrónico 88749, en el cual fue inscrita una “Compraventa con Reserva de Dominio según escritura pública número 98, 024 de fecha 04 de octubre de 2017, pasada ante Notario Público número 30 del estado, a favor de The Elements Condos Asociación Civil; sin embargo, dada la reserva del dominio a favor de la C. Rosa Yolanda Angulo Castilla, se procedió al embargo requerido”, se detalla.
A fin de demostrar tal inscripción, el Registro Público anexó copia certificada de las boletas de registro.
El embargo se decretó respecto de los predios identificados con folios electrónicos 55561 de la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Benito Juárez; así como del 88749, en el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen); y en los 20 localizados en Cozumel.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), precisó que dicha medida precautoria fue decretada por el Ministerio Público de la Federación como parte de la carpeta de investigación iniciada por la denuncia penal que interpuso la Consejería Jurídica de Quintana Roo, en la cual acusó que entre 2011-2014 el priísta Borge vendió múltiples propiedades del gobierno de Quintana Roo a sus familiares y prestanombres.
Por lo que el Ministerio Público Federal ordenó todas las diligencias necesarias para la investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles y se corroboró que los inmuebles se vendieron a 6% de su valor comercial.