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Villa Díaz Ordaz.- Es el amanecer y 22 hombres, con huaraches o zapatos, empiezan su servicio comunitario en Villa Díaz Ordaz, en los Valles Centrales. Su misión es subir a 2 mil 719 metros sobre el nivel del mar a vigilar el cerro Iglesia, una zona de este municipio destinada voluntariamente a la conservación de la biodiversidad.
El polígono determinado a tales fines comprende 3 mil 148 hectáreas de territorio en las que habitan jaguares, pumas, linces, tigrillos y venados. Los comuneros y las cámaras de fototrampeo instaladas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) confirman la existencia de estas especies.
Sin importar el trayecto y la falta de herramientas, los 22 integrantes del Comité de Vigilancia de la zona protegida, de entre 40 y 60 años de edad, recorren hasta 33 kilómetros en cada guardia que realizan para evitar la cacería ilegal y la actividad minera en la zona.
“Para mí es importante el colaborar, es un servicio, seguir protegiendo los árboles y a todos los animales que habitan en el cerro”, expresa Rodolfo Cruz Pérez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, quien con huaraches y un machete recorre el cerro Iglesia, que en zapoteco recibe el nombre de Danii Idoo.
Frenar caza furtiva y minería
Pero la voluntad de estos hombres no basta para detener por completo a los cazadores, quienes armados y por la noche suben al área protegida, platica Florente García Santiago, secretario de Bienes Comunales.
El comunero recuerda que la noche del 2 de mayo, mientras combatían un incendio, al parecer provocado por un rayo, escucharon detonaciones de armas de fuego. Sin embargo, narra, al no estar armados ni contar con las herramientas necesarias, nada pudieron hacer para enfrentar a los cazadores furtivos.
Esta no es la única amenaza, pues también lo es la actividad minera. Luego de que a la comunidad llegaran reportes de una empresa extranjera interesada en la explotación de minerales en Díaz Ordaz, la población junto con el Comité de Vigilancia y autoridad local se mantienen en alerta para evitarlo, porque seguros están de seguir cuidando la biodiversidad.
“Se está organizando el grupo porque hay probabilidades de una minera aquí en nuestro monte, ni los comuneros ni la comunidad lo quiere. Según hay un convenio por 45 años de concesión, pero no se sabe con quién firmaron”, cuenta Florente, quien orgulloso cuida el cerro Iglesia.
Frente al puma
Mientras descansan, ríen y cuentan las experiencias de su servicio comunitario. Gerardo Santiago, de 56 años, secretario suplente del Consejo de Vigilancia, ya tuvo la oportunidad de estar frente a un puma, a unos 50 metros de distancia. Emocionado, recuerda la mañana en que miró al felino y asegura no haber tenido miedo.
“Es una satisfacción enorme que me haya tocado participar en la conservación del bosque porque de esta parte del bosque es de donde vive el pueblo, toda la vegetación nos da vida. Me siento muy afortunado de que en mi pueblo contemos con esa variedad de felinos, de que estén libres”, expresa Emilio Juan Cristóbal, primer integrante del Comité Comunitario de Conservación de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
El comunero, de 60 años, quien anteriormente era camionero, también recorre los más de 30 kilómetros para vigilar el área protegida. Su día de guardia lo comienza a las cinco de la mañana y termina hasta las seis de la tarde.
“Trabajé de camionero, por eso es que estoy muy contento de que me haya tocado este cargo, porque he conocido tantos lugares, pero mi territorio no lo había conocido, y ahorita tengo esa oportunidad”, reitera el comunero.
Limitada labor
El proyecto de conservación empezó desde hace seis años, cuentan los comuneros, y desde entonces se formó el Comité de Vigilancia, que es renovado cada tres años.
La labor es apoyada por la Conanp, la cual instaló siete cámaras de fototrampeo en el bosque de Díaz Ordaz, y a través ellas se ha logrado registrar la presencia de felinos. Esta zona destaca, además, por la existencia de orquídeas endémicas de la región. Sin embargo, los comuneros reconocen que la falta de recursos limita su labor debido a que no cuentan con los recursos para adquirir uniformes, botas, herramientas y vehículos, además de que también representa un riesgo para ellos el no tener lo necesario en la actividad que realizan.
Es por ello que desde febrero del presente año, este sitio fue cerrado y la obra de reparación se encuentra detenida por la falta de presupuesto.
Jorge Santiago López, síndico municipal, señala además que por la veda electoral tampoco el ayuntamiento ha recibido más recursos para obras en la comunidad, entre ellas para componer los daños generados por los fenómenos naturales, por lo que prevén que sea hasta 2019 cuando la situación empiece a cambiar.
Explica que el municipio sólo recibe 13 millones de pesos al año para los gastos de operación de Villa Díaz Ordaz, los cuales se reparten entre la cabecera y las tres agencias municipales, donde habitan a alrededor de 6 mil personas.
“Nosotros, como autoridad, no tenemos recursos para comprar todo, pero sí necesitan más apoyo [los comuneros], más herramienta”, reitera.
Con reconocimiento
Pese a ello, el Comité de Vigilancia de la zona protegida continúa su servicio comunitario, y cada semana sus integrantes dejan a su familia y su trabajo para subir al cerro Iglesia, aún con carencias económicas, para cuidar la tierra del jaguar y el puma.
En 2017, por su labor, el Comisariado de Bienes Comunales obtuvo el primer lugar del Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza, otorgado por la Conanp.
