Por mayoría, el Congreso de Quintana Roo aprobó reformas a la Constitución del estado, para eliminar el requisito de ser nacido en el territorio estatal o tener residencia mínima de cinco años para ocupar el cargo de Fiscal General.

En la reforma se especificó que, para el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción , sí será exigible el requisito de oriundez o residencia mínima en la entidad.

La XV Legislatura también votó a favor de “despartidizar” -se dijo- el procedimiento para designar al fiscal, lo que significa que ya no serán las fracciones parlamentarias las que presenten los perfiles propuestos, sino que se podrá convocar a la sociedad civil para recibir propuestas al cargo.

El único voto en contra, fue el de la diputada, Lesli Hendricks Rubio , del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien afirmó que quien ocupe la titularidad de la Fiscalía “debe mantener un vínculo jurídico-político con Quintana Roo”.

“Estamos hablando de ser nativo con mínimo de residencia efectiva o haber adquirido la ciudadanía de Quintana Roo y tener un mínimo de residencia efectiva, que no debe ser menos de dos años anteriores a la designación”, indicó.

Hendricks Rubio lamentó que con la aprobación de estas modificaciones a la Constitución, no se cumple con el requisito de mínima vinculación con la comunidad.

Consideró que resulta aún más grave abrir esta convocatoria a cualquier mexicano, pues la mayoría de la documentación que los aspirantes deben presentar para acreditar sus competencias y habilidades, su probidad y honradez, se presentan mediante cartas bajo protesta de decir verdad. “¿Cómo podríamos cotejar y verificar dicha documentación?”, cuestionó.

Hoy, durante la sesión ordinaria número 12, presidida por el diputado Luis Ernesto Mis Balam , las diputadas y diputados avalaron el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución local.

En tribuna, el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, argumentó que Quintana Roo no es el primer estado que elimina el requisito de residencia para el cargo de Fiscal General, pues en la gran mayoría del país no es exigible este requisito.

De acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Investigaciones Legislativas, los estados de la República donde no se exige el requisito de residencia para dicho cargo son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

También destacó la apertura que se le otorgará al procedimiento de designación del titular de la Fiscalía General, pues con las modificaciones aprobadas, las fracciones parlamentarias están “ciudadanizando” el proceso.

Para que la modificación legislativa surta efecto, es necesario que se turne a los 11 ayuntamientos para que sea sometida a consideración de sus respectivos cabildos.

De aprobarse la minuta por la mayoría de los ayuntamientos, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial y entonces la Legislatura contará con un plazo de 10 días hábiles para iniciar el procedimiento de designación de Fiscal General, integrando una lista de candidatos aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la XV Legislatura.

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