Oaxaca de Juárez.— Para la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, el Congreso de Oaxaca realizó reformas a la Constitución del estado referentes a la designación de magistradas y magistrados, como reducir la antigüedad requerida en el ejercicio profesional; eliminar cláusulas de idoneidad que impedían tener a la par cargos en partidos políticos y ser familiares entre sí, además, se intentaron quitar candados para evitar la llegada de agresores de mujeres y deudores alimentarios.
Expertos consultados por EL UNIVERSAL consideran que estas modificaciones se hicieron para facilitar la colocación de perfiles “a modo” en puestos clave del nuevo tribunal impulsado por el gobierno de Salomón Jara (Morena), mismo que alista su defensa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que éste emitiera una suspensión parcial que impide destituir a los magistrados anteriores.
De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, en lo que se refiere a la experiencia, la reforma disminuye de 10 a cinco años la antigüedad mínima del título y cédula profesional de quienes busquen ser magistrados.
En su reforma, además, los diputados de Morena y partidos aliados también eliminaron un párrafo sobre la idoneidad de los perfiles que establecía que “los nombramientos de los magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica”.
De igual forma abrogaron otros dos párrafos del artículo 114 en los que se señalaba que “no podrán reunirse en el Tribunal dos o más magistrados que sean parientes entre sí por consanguinidad dentro del cuarto grado o por afinidad dentro del segundo”.
Y que “durante el ejercicio de su encargo no podrán ocupar cargo en partidos políticos ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el servicio público; excepto la docencia o la investigación académica”.
En un análisis realizado por el director de Código Transparencia, Alejandro Cruz Pimentel, sobre el decreto que desaparece el TJAO para crear el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca, dice que con estas reformas a la Constitución Política del Estado lo que buscaron es colocar magistrados “a modo”, “ya que, de igual manera, no se presentó alguna justificación o propuesta afirmativa, para dar paso a los cuates y cuotas”.
Cruz Pimentel también advierte que la iniciativa presentada por el diputado de Morena Luis Alfonso Silva Romo también eliminaba la fracción VI de los requisitos para ser magistrado del nuevo tribunal, que ponía como condición “no haber sido condenada o condenado mediante resolución firme por delitos cometidos por razones de género; por violencia familiar; por delitos sexuales y no estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa en cualquier registro oficial”.
Al respecto, si bien en la iniciativa que circuló el sábado 22 de julio aparece eliminada esta fracción, finalmente en el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el jueves 27 de julio en su página de internet, sí aparecen dichas líneas que obligan como requisito para ser magistrado no haber sido condenado por violencia en razón de género, delitos sexuales y no ser un deudor alimentario.
Asimismo, de acuerdo con el legislador Silva Romo, los nuevos siete magistrados, sobre quienes este medio dio a conocer que tienen vínculos con los exgobernadores Gabino Cué y Ulises Ruiz, fueron avalados por todas las fuerzas políticas.