Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Colocada a un costado de una mesa que tiene imágenes religiosas, cubierta con una sábana blanca y pétalos de rosas rojas, María de los Ángeles espera recostada, en casa de su novio, la visita de sus familiares para que bailen y beban cerveza al conocer sobre su “pureza”. A sus 15 años, ella fue raptada con fines matrimoniales por Luis Alberto, de 19 años.
El rapto con fines matrimoniales es una tradición que se niega a morir entre el pueblo zapoteca que habita principalmente la Séptima y Novena Sección de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, así como en otras comunidades vecinas como Santa María Xadani, Álvaro Obregón, Chicapa de Castro y San Blas Atempa.
Aunque pervive, con el paso de los años esta tradición ha sido cuestionada por lo que representa e incluso ha dividido la opinión de las familias istmeñas, con posturas a favor de garantizar su permanencia, como muestra de identidad, y otras que buscan erradicarla, al considerar que violenta los derechos y dignidad de las mujeres.
Para Rogelia González Luis, coordinadora del Refugio de Mujeres Víctimas de Violencia China Yodo, la tradición del rapto, aunque sea con fines matrimoniales, atenta contra los derechos de la mujer desde la perspectiva de género y contra los derechos humanos: “Es un ritual antiguo donde se exhibe la ‘pureza’ de las mujeres que no miramos muy bien”, dice.
Desde la perspectiva de género y derechos humanos, dice González Luis, debe considerarse que “la tradición del rapto debe desterrarse de nuestras tradiciones porque, si bien es una práctica ancestral, no deja de violentar a las mujeres y niñas que son raptadas a los 14 o 15 años”.
La activista explica que en muchos casos, como los novios son menores de edad, no pueden casarse y terminan separándose: “Es un grave problema de disolución familiar. A veces, el joven no trabaja o no permite que la mujer labore y empiezan las dificultades económicas. Al final, la mujer queda en el desamparo y con hijos que luego cuidan los abuelos”, explica.
En contraste, para el maestro zapoteca en Historia y Lingüística, Víctor Cata, "las únicas que deben de decidir sobre su cuerpo son las mujeres, no los varones desde una posición cómoda".
"Yo no estoy ni a favor ni encontra contra este ritual, sobre todo porque los tiempos han cambiado y actualmente muchas jóvenes ya no miden su honor desde una membrana. El tema es muy sensible, se sigue practicando en un sector tradicional de sociedad zapoteca", dice.
Agrega que aunque el ritual del rapto y la virginidad "tiene muchas aristas controversiales, sobre todo cuando participan menores de edad a las que se les vulnera sus derechos humanos", tampoco se puede de olvidar "que (los zapotecos) somos una cultura viva en constante transformación".
Vidal Ramírez Pineda, exdirector de la Casa de Cultura de Juchitán, opina de forma similar. Dice que la tradición debe preservarse porque es con fines matrimoniales y no es un juego entre parejas que están bajo el cuidado de sus padres: “La comunidad zapoteca no ve ofensivo el rapto, por el contrario, lo festeja”, refiere.
En temas como estos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) aboga por no criminalizar a los pueblos indígenas, sino facilitar el diálogo y el respeto a la vida comunitaria, teniendo como límite la dignidad humana, ha señalado a EL UNIVERSAL el ómbudsman Bernardo Rodríguez Alamilla.
Francisco Anzueto Hilerio, oficial del Registro Civil de Juchitán, reconoce que la tradición del rapto matrimonial sigue vigente en las comunidades zapotecas, pese a que en casos con novios menores de edad la ley lo prohíbe, debido a que, según el Código Civil, para contraer nupcias ambos interesados deben de ser mayores de edad.
Fue en 2013 cuando los diputados de la 61 Legislatura reformaron el Código Civil de Oaxaca para establecer como obligatoria la mayoría de edad para contraer matrimonio.
Antes, en la entidad estaba permitido el casamiento entre menores con el consentimiento de los padres. A los 14 años, una niña o un joven podían casarse; ahora está prohibido por la ley.
Pero siempre hay opciones. Los futuros contrayentes menores de edad, como María de los Ángeles, tienen la posibilidad de acudir a la oficina municipal del DIF y ante el síndico, como representante legal del ayuntamiento, para firmar un convenio de “promesa de matrimonio” y protocolizarlo ante un notario público, con la finalidad de que en el futuro los contrayentes hagan valer sus derechos.
Con sus 15 años, y tras cumplir con el ritual de la virginidad y el rapto, María de los Ángeles deberá esperar a que cumpla los 18 para contraer nupcias con su pareja, Luis Alberto, quien sólo cursó el segundo año de bachillerato y tiene 19 años de edad.
“Ella va a vivir conmigo, en mi casa, en lo que esperamos que cumpla la mayoría de edad”, revela el novio, a su regreso de comprar hielo y cervezas para el festejo.