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El matrimonio igualitario en México ha sido un camino largo que inició en la Ciudad de México.
En 2006, el todavía Distrito Federal reconocía a las parejas del mismo sexo bajo la figura de sociedades de convivencia, pero en diciembre de 2009 se convirtió en la primera urbe en América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Ese año, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el artículo 146 del Código Civil estableciendo el matrimonio como la unión de dos personas, y eliminando que debiera ser entre “un hombre y una mujer”.
En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad en la que se determinó que establecer el matrimonio como exclusivo entre un hombre y una mujer, con fines de procreación, viola derechos humanos.
El segundo estado en aceptar el matrimonio igualitario fue Quintana Roo, en 2012, y con los años se sumaron Coahuila (2014), Chihuahua y Nayarit (2015), Campeche, Morelos, Colima, Michoacán (2016), Chiapas (2017).
En 2019 los congresos estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León y San Luis Potosí también aprobaron reformas para permitir el matrimonio igualitario.
Puebla y Tlaxcala hicieron las reformas en sus leyes en 2020; un año después se sumaron Baja California, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Este año los legisladores locales lo han aprobado en Jalisco, Veracruz, Durango, Estado de México, Tabasco, Guerrero y se espera que esta tarde se sume Tamaulipas, para completar todos los estados del país.
La importancia del matrimonio igualitario
En muchos países del mundo el matrimonio igualitario ha ido acompañado de la frase “love is love”, amor es amor, pero la realidad es que su importancia tiene más que ver con los derechos de las personas.
“Nosotros buscamos equiparar la figura del matrimonio con la conquista de los mismos derechos que tienen las parejas heterosexuales, que seamos reconocidos como parejas social y legalmente”, explicó Ricardo Locia Hernández, activista e integrante del Colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero.
“El no legalizar el matrimonio igualitario es como no existir, porque ante una situación jurídica no podemos acceder a la justicia. No contar con derechos, merma la vida de las poblaciones, en este caso de las poblaciones LGBT”, explicó.
Para él, lograr el matrimonio igualitario es tener certeza jurídica y reconocimiento de derechos.
“Saber que nuestros derechos como trabajadores los podemos compartir con nuestras parejas, como los créditos para vivienda, como Infonavit, Fovissste, el poder heredar a nuestra pareja los bienes que hayamos construido y también el derecho a la salud que como trabajadores tenemos”, señaló.
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