Guerrero.— El 29 de septiembre, un grupo de policías comunitarios de la comunidad Dos Ríos, en el municipio de Cochoapa El Grande, en la Montaña de Guerrero, llegaron por Angélica, una adolescente de 15 años, a la casa de su tía.
Los comunitarios la detuvieron y se la llevaron junto con su tía, una mujer de 70 años de edad, y sus tres hermanas: una de ocho años y las otras dos de seis.
A Angélica la vendieron para casarla con un hombre que se fue a vivir a Estados Unidos a trabajar por falta de empleo en la Montaña. La menor se quedó a cuidado de su suegro, el hombre que ya había intentado violarla en cuatro ocasiones y por eso ella se escapó.
Angélica y sus tres hermanas pasaron 11 días retenidas. Días antes los comunitarios dejaron en libertad a la tía.
El caso de Angélica se supo hasta que su madre, Concepción, lo denunció, eso fue el 9 de octubre cuando fue atendida en un hospital, en el municipio de Ometepec, en la Costa Chica.
Tras conocerse el caso de Concepción, funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos se trasladaron hasta la comunidad Dos Ríos para pedir la liberación de las cuatro menores.
La noche del domingo 10 de octubre la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que Angélica y sus tres hermanas habían sido ya liberadas.
La comisión también informó que Angélica y sus tres hermanas son resguardadas por las autoridades y lejos de su agresor.
El caso de Angélica, sus hermanas y su madre ha sido condenado por decenas de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, de las garantías de las mujeres, y por las autoridades estatales.
La venta de niñas en la Montaña de Guerrero es recurrente y, en muchos casos, tolerado por las autoridades locales.
Neil Arias, abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, ha documentado por lo menos dos casos de mujeres que se negaron a casarse, que decidieron terminar con el acuerdo y en los que las autoridades locales intervinieron a favor de la familia que pagó por las niñas.
Arias documentó el caso de Esperanza, una joven de 21 años de edad del municipio de Metlatónoc, que salió huyendo a Tlapa porque su papá la quiso vender sin su consentimiento.
Ante la falta de trabajo y dinero regresó a su pueblo. Sus padres la rechazaron y se fue a vivir con una tía. Un día, su padre y policías municipales entraron a la casa de la tía en busca de Esperanza a quien sometieron, golpearon y después la llevaron a barandillas. La acusaron de rebelde. Estuvo dos días en la cárcel.
Todo lo autorizó el síndico municipal de entonces, Felicitos Hernández Olea.
Arias también tiene información sobre el caso de Micaela, de Cochoapa El Grande, a quien comprometieron cuando era menor de edad; por ella pagaron 80 mil pesos.
A los dos años del acuerdo nació su hijo y el esposo se fue a Estados Unidos. Ella se quedó a vivir con la tía del esposo, quien la maltrató y nunca le entregó el dinero que le enviaba el hombre, por lo que Micaela decidió irse a la casa de sus papás.
El esposo y la tía pidieron al entonces síndico de Cochoapa El Grande, Rutilio Ortega Maldonado, que la citara junto con sus padres. Ahí, con presiones, la hicieron firmar un documento en el que entregaba la custodia del niño a la tía y un pagaré por 55 mil pesos para cubrir parte de los gasto de la boda. Le quitaron al niño y se lo devolverán hasta que liquide el pagaré.
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