Chilpancingo.- Evelyn Salgado Pineda cumplió un año como gobernadora de Guerrero en medio de una crisis de inseguridad y sin poder sacudirse la sombra de su padre, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio.
Salgado Pineda es la primera mujer en gobernar Guerrero. Su arribo al poder fue vertiginoso: a finales de abril del 2021 apoyaba a su padre, como candidato de Morena a la gubernatura; en mayo lo sustituyó y en junio ganó la elección; en octubre rindió protesta como gobernadora.
Desde que se encumbró en la política, Salgado Pineda ha sido cuestionada. Primero cuando la nombraron candidata porque sin ninguna trayectoria política desplazó a otros que también buscaban ser abanderados, lo que reforzó la teoría de que era una imposición de su padre.
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Ahora como gobernadora, el cuestionamiento permanece: “quien toma las decisiones es su padre”; “es un gobierno con varias cabezas”, se repite.
Así ha gobernado este año, cuestionada y, su padre, poco le ayuda: un día anuncia nombramientos de funcionarios, el otro reprende a secretarios, luego les ordena en público y, la mayoría, dice que para llegar a un acuerdo en este gobierno es inevitable dialogar con el senador.
El obispo emérito de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, lo ha dicho en varias ocasiones, la inexperiencia de Salgado Pineda y la injerencia de su padre provocan un descontrol en el gobierno.
Lo cierto es que durante este año Salgado Macedonio ha fortalecido su posición, no sólo en el gobierno de su hija, sino en otros poderes y en el partido, donde ha colocado a sus aliados en puestos claves.
La violencia, imparable
El primer año de gobierno de Salgado Pineda llegó casi al mismo tiempo que la masacre en el municipio de San Miguel Totolapan, el pasado 5 de octubre, donde fueron asesinados el alcalde, el perredista Conrado Mendoza Almada; su padre, el ex alcalde Juan Mendoza Acosta, y 21 personas más, la mayoría integrantes del ayuntamiento.
En minutos quedó descabezado el gobierno. Este municipio ahora está blindado por soldados del Ejército y la Guardia Nacional, así como por marinos y policías estatales y ministeriales, pero la población vive sumida en el miedo.
En este año de gobierno la tendencia de muerte sigue intacta: de octubre del 2021 al 30 de agosto de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó mil 40 homicidios dolosos.
La Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres ha registrado en el primer año de gobierno de Salgado Pineda el asesinato de 123 mujeres con presunción de feminicidio.
Abel Barrera Hernández, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, considera que ante el incremento generalizado de la violencia en el último año, las autoridades del estado no están actuando para detenerla.
“Estamos en una situación difícil, nos preocupa en extremo la situación de violencia que va incrementado pero, sobre todo, la falta de intervención de las autoridades Es un escenario desolador”, dice Barrera Hernández.
En este año, las organizaciones criminales se van ensanchando y los efectos son cada vez más cercanos a la gente. En este tiempo han quedado registradas escenas como que un día ciudades se puedan quedar sin tortillas, sin pollo, atrapadas en los bloqueos, obligadas a un toque de queda o, como ocurre ahora mismo en San Miguel Totolapan, sometidas al miedo.
El 20 de noviembre del 2021, un grupo armado —que se identificó como Los Tlacos— ordenó, a través de las redes sociales, un toque de queda en el municipio de Huitzuco: después de las seis de la tarde nadie podría estar en las calles. Los pobladores sufrieron también el control que ejerce el grupo criminal en el comercio. Cuando arribaron impusieron el precio de la tortilla. Desde el anonimato ganaderos denunciaron que les prohibieron vender sus animales.
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Durante todo este año, el comercio en Zihuatanejo, en la Costa Grande, ha estado sometido al yugo de la extorsión. Inició en mayo, con el ataque y quema de dos unidades del transporte público, choferes suspendieron el servicio. Casi cuatro días la ciudad se quedó sin el servicio.
En la mira de los criminales también han estado los tortilleros, los transportistas, casas de materiales de construcción, taxistas, hoteleros, operadores de maquinaria pesada, prestadores de servicios turísticos e, incluso, inició el control en la venta de productos como la cerveza, refresco, pollo y carne, lo que recientemente llevó al cierre de tiendas de conveniencia.
Los operativos anunciados por el gobierno estatal, en colaboración con militares, no han tenido éxito, pues las extorsiones y los asesinatos a quienes no pagan –particularmente transportistas—han continuado.
En junio, la crisis de inseguridad llegó a la capital del estado. Durante tres días los pollos desaparecieron de casi todos los mercados. La razón: en menos de seis días asesinaron a ocho trabajadores de la distribución y venta del producto.
Días antes, la capital vivió noches de terror. En la primera quemaron cuatro vehículos en distintos puntos. En otra, incendiaron otras seis unidades del transporte público, cuatro de ellos de la ruta que va a la comunidad de Petaquillas. Al día siguiente, toda la parte sur de la ciudad se quedó sin el servicio del transporte público. Luego de seis días se reanudó.
El silencio, la estrategia
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