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El procurador general de Justicia de Hidalgo, Raúl Arroyo, tiene muy clara su prioridad en materia de seguridad: la protección de las niñas y mujeres, para lo cual, señala, el estado ha empezado a construir sus propias soluciones a través de proyectos como Ciudad Mujeres. Asegura que la percepción social sobre la delincuencia en la entidad no está sustentada por los números, y agrega: “El fenómeno delictivo está contenido”.
¿Cuál es la situación en materia de seguridad en Hidalgo?
—Veo el problema desde dos ángulos, uno es la percepción social, hay una serie de situaciones que van generando desánimo, preocupación, que generan temor y esto deriva de la falta de información exacta, y de ahí me paso al otro ángulo, el de los números. Si revisamos el índice delictivo del estado, vamos a ver que nuestros números no han aumentado respecto al año anterior y, en algunos casos, incluso han disminuido. Esta lectura es muy importante, porque con números, con datos duros nos podemos dar cuenta de que no siempre la realidad corresponde a la precepción.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, que este trabajo de contención [de la delincuencia] que se ha hecho, con apoyo de la autoridad federal, se mantenga. Que Hidalgo no se contamine con lo que ocurre alrededor de la entidad; y luego, trabajar en cambiar la precepción.
En materia de seguridad, ¿cuál es la prioridad para atender?
—Yo observo dos en este momento: la primera es la seguridad de las niñas, mujeres y adolescentes. [La violencia contra las mujeres] es un fenómeno que está creciendo, que ocasiona un mal ambiente social, ya vemos lo que genera, protestas que son entendibles, que son justificadas, y ese es un fenómeno que no podemos dejar que crezca y debemos atenderlo. El otro es el tema de la seguridad urbana. Que no puedes ir al supermercado con temor de que te asalten, no puedes ir al cine con el temor de que cuando salgas ya no esté tu automóvil. Estas situaciones que impactan directamente debemos contenerlas.
Voy a plantear un asunto más, me parece que es un tercer problema al que no hemos puesto el suficiente interés y es el de los delitos cibernéticos. Vemos cómo el robo de identidad, el robo a través de internet, y a esto no le estamos poniendo, según mi punto de vista, suficiente atención. Todavía no valoramos que dar un dato en la máquina puede ocasionarnos un problema de proporciones graves.
Y no sólo hablo de delitos financieros, por ejemplo, la trata de personas, el robo de niños, la violencia sexual, que se puede generar desde el mal manejo de las tecnologías. Ese es un fenómeno al que tenemos que ponerle mucha atención.
¿Hay acciones concretas que se estén llevando a cabo para proteger a niñas y mujeres?
—Empezamos a construir las posibles soluciones. Hay un proyecto muy interesante en el municipio de Tepeji del Río que se llama Ciudad Mujeres, ahí confluimos diversas instancias. La procuraduría tiene en funcionamiento un Ministerio Público especializado para delitos contra las mujeres. Estamos haciendo de ese sitio un espacio de difusión para atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres.
¿Qué tenemos que hacer? Desde todos los espacios, crear programas de prevención, pero esto tiene que ir aparejado a las políticas públicas de los ayuntamientos porque, en el caso de la procuraduría, nosotros tenemos programas de prevención pero no ponemos alumbrado en las calles donde transitan a las seis de la mañana las mujeres que van a las fábricas; no podemos poner, sino sólo alertar de la necesidad de programas de seguridad de transporte público para mujeres y niñas que viajan en transporte colectivo.
Debe haber también educación para varones, que evite la violencia hacia las mujeres, y tiene que haber un trabajo muy fuerte hacia el núcleo familiar. Ese es un fenómeno que hoy nos preocupa, los delitos que empiezan a surgir desde la violencia intrafamiliar están creciendo y eso nos habla de una situación de riesgo que se está dando en el interior de nuestra propia casa.
Hidalgo ha sido un estado golpeado por el delito del huachicol, ¿cómo enfrentan el problema?
—Pese a que [el robo de combustible] es un delito del orden federal, hubo una decisión importantísima del gobernador del estado, Omar Fayad, de decir: “Hidalgo va a trabajar en contra de este problema, aunque no sea un delito del fuero común, aunque no nos toque”.
Afecta a nuestras poblaciones, afecta a nuestra economía, nos está contaminando no sólo con los derrames. No sólo contamina la tierra, contamina las comunidades, las familias, porque es un fenómeno que se vuelve un tema económico. Hay comunidades que mantienen su economía del robo de combustible y esto habla de que el problema ha escalado a situaciones muy complejas.
La tragedia Tlahuelilpan, por difícil y por duro que sea decirlo, también se convirtió en una ventana de oportunidad. Fue una trágica llamada de atención para hacer ver que este delito puede cobrar magnitudes impensadas en unos cuantos minutos. Más de 100 personas que perdieron la vida en un momento nos habla de que el fenómeno [del robo de combustible] escaló a proporciones que nadie imaginaba.
El próximo año Hidalgo tiene elección de gobernador, ¿cómo ve al estado hacia ese camino?
—Yo lo veo bien, y lo veo bien a partir de la óptica de la procuración de justicia. ¿En qué baso mi afirmación? En los números, en los índices nacionales, en la información ya procesada tanto de los organismos nacionales oficiales y de las organizaciones privadas, que nos dicen que el fenómeno delictivo está contenido. Ese es un buen mensaje para el trabajo político, porque va a permitir que [el proceso electoral] se desarrolle con normalidad, y vamos a evitar que se contamine. Hay un riesgo muy marcado, una línea muy delgada, que puede hacer que la actividad política se contamine con la actividad delincuencial, en Hidalgo creo que estamos muy lejos de que eso pase; sin embargo, no hay que descuidarlo.
