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Oaxaca de Juárez.— “La Defensoría está a favor de los derechos humanos de las mujeres, de su derecho a decidir libremente sobre su cuerpo”, afirma Bernardo Rodríguez Alamilla, ómbudsman de Oaxaca, luego de que el Movimiento Marea Verde pidiera la intervención de este órgano autónomo por considerar que desde el Congreso local se están violentando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres oaxaqueñas.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) asegura que aunque tienen que escucharse todas las voces en temas como la despenalización del aborto, la postura institucional es clara, que nadie puede juzgar a otra persona por el ejercicio libre de sus derechos.
“Los derechos humanos de las mujeres no pueden estar sujetos a discusión, no pueden estar sujetos incluso a un tema de consulta. Hay un reconocimiento expreso de estándares nacionales e internacionales y lo que se tiene que hacer es implementarlos”, dice el defensor.
El 25 de septiembre la 64 Legislatura votará una iniciativa de reforma constitucional con la que se modificarían el artículo 2 y el párrafo octavo del artículo 12; además, la iniciativa también contempla reformar los artículos 312, 315 y 316 del Código Penal de Oaxaca, en los cuales se definiría al aborto como “la muerte inducida del producto de la concepción después de la decimosegunda semana de concepción”.
Los otros dos artículos a reformar hablan sobre las penas de seis meses a dos años de prisión para aquellas madres que “voluntariamente consientan su aborto” y sobre quiénes quedan exentas de prisión.
La discusión de esta iniciativa, propuesta por la diputada de Morena Laura Estrada, se realizará entre lo que colectivos feministas han acusado como una campaña que atenta contra los derechos de las mujeres y que incluye manifestaciones de grupos religiosos, tanto católicos como evangélicos, en el recinto legislativo, que llevan imágenes y entonan cantos y rezos.
Al respecto Rodríguez Alamilla agrega que “que se tiene que escuchar la voz del otro, siempre respetando el Estado laico, pero eso no significa que en función de eso se tengan que restringir los derechos de las mujeres”.
Afirma que la libertad de las mujeres de decidir representa un avance “sustantivo” en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues “existe una realidad innegable: mujeres que sin garantías sanitarias realizan la interrupción de su embarazo y la existencia de un lucrativo mercado de lugares que funcionan en la clandestinidad.
De acuerdo con la organización Marie Stopes México, en Oaxaca se practican al año 2 mil 300 abortos, pero por cada uno registrado existen cuatro clandestinos. Es decir 9 mil 200 mujeres más se realizan un aborto en condiciones clandestinas e inseguras. Esto da un total de 11 mil 500 interrupciones de embarazos por año, casi mil al mes o 33 diarias.
A ellas se suman las 352 oaxaqueñas que entre 2017 y 2018 acudieron a la Ciudad de México a practicarse un interrupción.
Por estos datos es que el ómbudsman se pronuncia por adoptar “nuevas conductas que no criminalicen el libre actuar de las mujeres”, para así poner fin a la violencia institucionalizada que persiste contra ellas y reivindicar la deuda histórica que exige “reconocerlas como portadoras de derechos y dignidad”,
Además, dice, se debe garantizar la libertad de las mujeres que se encuentran presas por la interrupción de su embarazo e hizo un llamado a “todos los sectores de la sociedad” a participar en la construcción de condiciones que garanticen una vida de igualdad entre hombres y mujeres en Oaxaca.
