Monterrey.- El gobernador de Nuevo León , Jaime Rodríguez Calderón , aseguró que ha recibido amenazas por cerrar de manera definitiva el penal del Topo Chico , porque con esta medida le quitó un negocio de muchos millones de pesos al crimen organizado.
Aunque el mandatario no citó cifras, algunas fuentes relacionadas con el sistema penitenciario estiman en hasta 15 millones de pesos mensuales lo que obtenía un grupo del narcotráfico por concepto de cuotas de extorsión a los internos para no ser golpeados, venta de drogas y otras mercancías o privilegios.
“El tema de la maldad y la violencia es complicado, yo no puedo ir al cine porque a lo mejor alguien está enojado, ustedes sí pueden ir al cine, ya no puedo ir a muchos lugares porque arriesgo a los que van conmigo, porque tomé esta decisión, y sé que a muchos les va a molestar, y sé que a muchos les está molestando”, expuso el gobernador.
“Recibo muchos mensajes, muchos no agradables, que no los digo para no preocupar a nadie, pero todos los días cada rato, porque tomé esta decisión”, puntualizó.
Explicó que esto ocurre porque “le quitamos a la delincuencia organizada una gran cantidad de ingresos, millones de pesos, y eso no es sencillo, por eso los gobernantes decían que lo resuelva el que sigue, pero bueno, me tocó y tomé la decisión y lo hice pensando en que aquí seguiré viviendo, en que aquí mis hijos van a crecer y mis amigos, todos los que están en mi entorno, seguirán viviendo en Nuevo León”.
Al encabezar la ceremonia de cierre de operaciones del penal del Topo Chico , el mandatario estatal afirmó que se está haciendo un trabajo profesional para tener el control completo en los reclusorios.
“Hoy lo tenemos, el autogobierno no va a regresar, no más extorsiones a los presos, a sus familias que han perdido patrimonio además de la tranquilidad, ese es el reto y ese es el encargo”, a los secretarios de Gobierno y de Seguridad, señaló "El Bronco".
Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL
Ante cientos de invitados, entre funcionarios estatales y de los otros poderes, así como estudiantes de las preparatorias militarizadas y de los Conalep, además de vecinos del sector y el último grupo de internos que al final de la ceremonia serían trasladados al reclusorio de Apodaca, confesó que la noche del 10 de febrero de 2016, cuando ocurrió en ese sitio, la masacre más grande en la historia penitenciaria del país, no estaba en la entidad, lo que explicaría su tardanza de más de siete horas para dar la cara sobre aquellos hechos.
Ese día se había reunido en la Ciudad de México con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien, dijo, convenció de apoyar más a Nuevo León, para bajar los índices delictivos y que no se alejaran las inversiones, “porque el estado le da mucho al país, pero el centro siempre ha sido aberrante y pichicato” con el resto.
Expuso que en la noche de ese 10 de febrero empezó a dolerle el estómago por algo que comió y fue con el médico del hotel que le recetó una Buscapina, pero no mejoró, mientras su temperatura subió a casi 40 grados.
“A las doce de la noche, me habló Carlos Guevara, alcalde de García, entonces director de la Guardia Gubernamental y me avisa que empezaba a haber problemas en el penal del Topo Chico; le llamo al general Antúnez (Cuauhtémoc) que era el secretario de Seguridad y me dice me estoy trasladando al penal, localizo a Manuel González (Secretario de Gobierno) y le digo de inmediato, ponte al mando, traten de controlar eso”.
Y así al paso de los minutos fue aumentando la cifra de muertos hasta llegar a 49. A las cinco de la mañana del once de febrero, pudo conseguir un “raid”, que lo trajera a Monterrey. “Llegué aquí a este penal, a las siete de la mañana, evidentemente no estamos preparados nadie, ningún gobernante, ningún humano para ver lo que yo vi ese día”, comentó.
"El Bronco" afirmó que esa matanza a causa de una disputa por el control del penal entre los internos, ocurrió porque gobiernos fueron y vinieron, “todos ellos pateando el bote, que lo resuelva el que sigue, porque si yo lo resuelvo no me va a dar votos para la siguiente elección”.
Mientras él, dijo, “al estar aquí frente a todos los que ya no están porque fallecieron de una manera criminal y violenta, tomé esa decisión, buscar cómo resolver un problema al que todo mundo le sacaba la vuelta”.
Afirmó que construir nuevas celdas en el penal de Apodaca, habilitar un centro penitenciario especial para mujeres, a fin de cerrar el de Topo Chico, requirió una inversión de mil cien millones de pesos, que hubiera preferido utilizar para las escuelas que no tienen aulas suficientes.
Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL
Pero se tienen que usar recursos millonarios para tranquilizar y pacificar a una sociedad que se pierde a sí misma, a causa de papás y mamás que no han sabido serlo, dijo y añadió que le gustaría hacerles entender su responsabilidad y que “la tranquilidad de un país depende más de ellos que de cualquier gobernante”.
Asimismo expuso que tratará de convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador , para que vea más hacia donde más se produce, pues “el asistencialismo crea delincuentes, y hace a la gente corta de ambición y corta de visión”.
Agregó que si analizamos el origen de la violencia y la maldad, algunos, los que quieren votos, dicen que la falta de oportunidades, pero “los que no queremos votos, pensamos que la sociedad tiene que reconvertirse”.
No obstante, agradeció al presidente y a sus secretarios de Gobernación y Seguridad, porque apoyaron el traslado de 846 reos de alta peligrosidad a penales federales de otros estados, lo que ayudó a desactivar el autogobierno de los reclusorios del estado.
También reconoció el trabajo realizado por el equipo encabezado por Eduardo Guerrero Durán, como asesor de políticas penitenciarias que ha conducido este proyecto. Guerrero a su vez señaló que el cierre del penal del Topo Chico es apenas una de las mil 152 acciones que se tienen que instrumentar en el corto mediano y largo plazo, en el proceso de reingeniería del sistema penitenciario de la entidad.
El penal estará abierto y en pie, al menos un mes y medio para que lo visiten familias y sobre todo los jóvenes, para que observen las condiciones en las que estaban los internos, para que eviten incurrir en conductas que los lleven a estar presos.
Después será demolido para crear un parque que abarcaría el doble de la Alameda Mariano Escobedo, en el terreno de diez hectáreas que ocupa el clausurado centro penitenciario.
Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL
afcl