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Gabriel Regino, abogado penalista, aseveró que el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, podría haber incurrido en un delito de obstrucción de la justicia al impedir la ejecución de una orden de aprehensión contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral.
En entrevista, Azucena Uresti cuestionó a Regino sobre la posibilidad de que las acciones de Lara configuraran dicho delito, a lo que el abogado respondió afirmativamente. Regino explicó que al impedir el cumplimiento de una orden emitida por un juez, Lara habría violado un convenio de colaboración entre fiscalías, el cual estipula que la cooperación debe ser inmediata y solo requiere un oficio de colaboración, documento que los agentes de la Fiscalía de Chihuahua entregaron a la Fiscalía de la CDMX.
"Cuando llega una autoridad, como es el encargado de la fiscalía de la Ciudad de México e impide el cumpliendo de esto, se configura un hecho delictivo, porque tenía la obligación de prestar esa colaboración que esta fundamentada, que tiene respaldo legal y que existe un mandato judicial para ello", refirió.
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Dicho oficio cuenta con el sello de recibido por parte de la Fiscalía capitalina, lo que, según Regino, debe ser suficiente para proceder con la detención y traslado de Corral a Chihuahua. Al interferir en este proceso, Lara habría cometido un delito conocido como "negación del servicio público", el cual es sancionado con penas de 2 a 8 años de prisión.
Regino advirtió que esta situación sienta un precedente grave para la coordinación entre fiscalías a nivel nacional y recordó un caso anterior en el que la propia Fiscalía de la CDMX, con Ulises Lara como colaborador, participó en la detención del fiscal de Morelos. Esto, afirmó, podría abrir la puerta a futuras detenciones de fiscales, jueces e incluso gobernadores en otros estados.
Al ser cuestionado sobre si se podría configurar un delito en contra de Lara, Regino reiteró que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua podría presentar una denuncia en su contra por negación del servicio público, lo que podría llevar a una pena de prisión para el funcionario.
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