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Aquila, Michoacán
El asesinato del niño Edilberto García Reyes durante la irrupción del Ejército y la Policía Estatal a la tenencia de Ostula, en el municipio de Aquila, el 19 de julio de 2015, permanece en la cabeza de la familia del menor, pero a pesar del dolor han decidido sobreponerse a la tragedia.
Continúan de sol a sol en los jornales del campo. Aún viven en condiciones de pobreza, porque la ayuda y la reparación del daño no llegó en su totalidad.
Han iniciado la construcción de un complejo turístico en el que todos ponen su granito de arena con mano de obra, “con terreno o los recursos que les dejan los platanares o papayeras”, platica el papá de Edilberto, Miguel Reyes Vera.
El trágico día
Minutos antes, las fuerzas de seguridad habían detenido al presidente del Consejo de Vigilancia, Ezequiel Celestino, y a un encargado del orden de ese poblado ubicado sobre la carretera costera 200, Lázaro Cárdenas-Tecomán.
La detención de sus dos líderes, precursores de la lucha civil armada que liberó a sus pueblos del asedio del Cártel de Los Caballeros Templarios, enardeció a los habitantes, quienes trataron de impedir que el convoy militar se los llevara.
Edilberto murió a consecuencia de uno de esos disparos en la cabeza, mientras compraba tortillas en un restaurante de la comunidad de Ixtapilla.
También resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego de grueso calibre, la niña Neymé Natalie Pineda Reyes, de seis años de edad, sobrina de Edilberto; Horacio Valladares, de 32; Melesio “N”, de 60, y Antonio Alejo Ramos, de 17.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) negaron en un inicio que cualquiera de sus elementos había disparado contra los habitantes y acusaron que los mismos pobladores fueron los que detonaron sus armas.
“Sí fue el Ejército”
En el expediente CNDH/2/2015/5527/Q, la CNDH determinó que en una de las manifestaciones se vulneró el derecho a la legalidad en agravio de 50 pobladores, por un militar del 65 Batallón.
Precisó que el Ejército empleó de modo indebido el uso de la fuerza letal, sin aplicar los protocolos, puesto que disparó al aire en dos ocasiones desde un vehículo en movimiento. El organismo definió que lo anterior constituye un uso ilegítimo de la fuerza conforme al Manual de Uso de la Fuerza, al no observar los principios de legalidad, racionalidad y oportunidad.
En el Puente Ixtapilla —donde murió Edilberto— afirmó que se violentó el derecho a la integridad personal en agravio de seis personas y a la vida en agravio del niño, por el uso ilegítimo de armas letales de 15 militares del 65 Batallón.
Esos tiros, indicó, se emplearon en Ixtapilla y en Xayacala; además de que destacó que no es creíble, como se afirma en el informe de la Sedena y las 14 declaraciones ministeriales de militares, que todos los disparos se hicieron al aire.
La CNDH acreditó que 15 militares dispararon, lo que tuvo como resultado los seis lesionados y un fallecido, en tanto que 17 testigos observaron a militares accionar sus armas, lo cual fue coincidente con la ubicación de los elementos del 65 Batallón.
“No se acreditó que los pobladores del puente de Ixtapilla dispararan en contra del convoy militar”, cita el informe del organismo nacional de Derechos Humanos. En el documento expedido el 29 de diciembre de 2016, la CNDH recomendó a la Sedena reparar el daño a las víctimas directas e indirectas.
Según la secretaría, el responsable de disparar contra la población se encontraba sujeto a un proceso judicial marcial.
Quería ser licenciado
Emilia García Cabrera, mamá de Edilberto, reveló que la ayuda y la reparación del daño no llegaron totalmente, “pero qué más da, si no volveré a ver a mi hijo”.
Con el mar a sus espaldas y las lágrimas incontenibles en su envejecido rostro, doña Emilia, cabeza materna de una familia en extrema pobreza, recuerda que también fueron asesinados los anhelos de su pequeño Edilberto.
“Me decía mi hijo: ‘mire, mamá, yo voy a estudiar una carrera para ser maestro o licenciado, porque yo los voy a mantener cuando ustedes estén viejitos’. Así me platicaba mi hijo; nunca lo olvido”, recordó Emilia, quien en los últimos años enfermó.
Neymé Natalie Pineda Reyes, sobrina de Edilberto, recibió un disparo en la cabeza en ese mismo hecho; dos meses después le fue retirada la bala.
Cinco meses después regresó a clases, aunque con secuelas que le impiden realizar algunas actividades propias de una niña de su edad, además del temor que tenía de salir a la calle y volver a ser atacada a tiros.
Neymé Natalie no sólo le tiene miedo al lugar donde ocurrieron los hechos, sino también a cualquier militar que ve en la calle; su estado de salud físico ha mejorado, no así el emocional, según platicó su mamá Ernestina Reyes García.
Neymé actualmente tiene nueve años de edad. Con la ayuda de su familia le ha regresado la sonrisa. Va en cuarto año de primaria y a diario intenta recuperar su vida junto con sus padres.
Entrevistado en Ixtapilla, el papá de Edilberto, Miguel Reyes Vera, señaló que el único apoyo que han recibido es del gobierno del estado y que de parte de la Federación no han tenido respuesta.
Para Reyes Vera, la manera en la que han logrado salir adelante después del asesinato de su hijo ha sido sobreponerse al pasado, vivir el presente y construir el futuro, pero sin evadir el dolor y el sentimiento que siempre los perseguirá.
“Ya nomás [en la familia] nos platicamos uno a otro, pero qué nos ganamos. A este tiempo es mejor echarle ganas nosotros mismos y sacar el trabajo adelante porque no hay de otra”, expuso Miguel Reyes.
Así, mientras unos integrantes de la familia Reyes García están en el campo para medio comer, otros se suman a la mano de obra de la construcción de ese complejo turístico.
La lucha de Ostula
A raíz de la detención de Cemeí Verdía, Germán Ramírez Sánchez El Toro asumió la cabeza de las autodefensas del municipio de Aquila y, entrevistado al respecto, aún recuerda ese día en que murió Edilberto como si hubiera sido ayer.
El actual comandante de la guardia comunal de Ostula afirma que el asesinato de Edilberto aún no se asimila. “Ni la familia, ni el asunto que hizo suyo la comunidad”.
Germán Ramírez narra que ese día la primera sorpresa fue la entrada repentina de un operativo de muchos elementos federales y estatales que acabó con la vida de un pequeño de 12 años de edad.
Pero también tiene muy presente ese grito que salió desde un vehículo rinoceronte tripulado por policías y militares: “Arriba los templarios; ya déjennos ir; ya chingaron a su madre” y cosas de esas, “era lo que gritaban hacia afuera que, ahora sabemos, eran policías estatales de la Fuerza Rural”, recuerda Germán Ramírez.
El Toro destaca que la lucha de la comunidad indígena de Ostula se remonta a muchos años atrás, pero que el asesinato de Edilberto fue la gota que derramó el vaso.
“Porque ya teníamos 36 muertos y cuatro desaparecidos dentro de la comunidad, víctimas del crimen organizado y ahora el gobierno llega a matar a un niño; fue el acabóse del asunto”, enfatiza.
