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Edil de Texmelucan había solicitado ayuda por tema de inseguridad

Rafael Núñez Ramírez, presidente municipal, señaló que presentó 50 oficios a los gobiernos estatal y federal para expresar preocupación por la inseguridad; calcula que existen cuatro bandas que extraen el combustible ilegalmente en el municipio

Foto: El Gráfico
03/05/2018 |12:23Edgar Ávila / Corresponsal |
Redacción El Universal
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Puebla

.- El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, celebró que el gobierno estatal haya tomado el control de la seguridad.

Explicó que, por varios meses, presentó 50 oficios a los gobiernos estatal y federal para expresar la preocupación que se vive en el municipio poblano por la inseguridad.

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Añadió que no tiene problemas con que la policía municipal sea revisada para corroborar si realmente está limpia o coludida con la delincuencia.

“Esto a San Martín le conviene, a nosotros nos ayuda y entiendo que el gobierno del estado está poniendo atención, el gobierno federal pone atención a San Martín tras 50 oficios que mandamos a las corporaciones de policía pidiendo auxilio, porque San Martín huele a gas, San Martín está en un grave peligro”, reveló.

Rechazó que su administración sea omisa y resaltó que en varias ocasiones se pidió el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) , para supervisar los ductos que existen en la región y que son violados por los huachicoleros para extraer el combustible.

Calculó que hay cuatro bandas que operan en el municipio

, que se encargan de la extracción y venta ilegal de combustible .

El miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomó el control de San Martín Texmelucan y desarmó a los 185 uniformados del municipio, quienes son investigados ante su posible participación en diversos delitos.

Hoy, un total de 119 policías de San Martín Texmelucan, Puebla, entre ellos el comisario de Seguridad Pública , Miguel Ángel Jacinto Fragoso, y el director de la corporación, Sinué Jerónimo León Sánchez, fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General del estado (FGE) por diversos delitos.

El comisario y el director, además de otros 4 policías, son acusados de cobrar entre 3 mil y 5 mil pesos para que los uniformados de la región evadieran las pruebas de control de confianza.

Otros 113 uniformados fueron acusados por el delito de usurpación de funciones, que se derivó en las anomalías detectadas en su Clave Única de Identificación Policial (CUIP).

etp

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