Huautla de Jiménez, Oaxaca.- En plena pandemia por el Covid-19, el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI) se ha convertido en tema de debate en Huautla de Jiménez, donde no hay certeza de quién se encarga de estos “desechos peligrosos”, dónde son depositados y cuál es su proceso de tratamiento.
La alerta es mayor debido a que en Huautla se encuentra el único hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con capacidad de atender a pacientes infectados por el coronavirus en toda la Mazateca Alta, que comprende 19 municipios indígenas y donde se han registrado al menos nueve casos positivos del virus, de los cuales dos enfermos han fallecido.
Pero el problema no es reciente. Desde febrero del año pasado la alerta está vigente entre los habitantes de Huautla, debido al tema de la recolección de desechos sólidos en general y su tratamiento, una vez que pobladores de la agencia de Santa Cruz de Juárez, donde se encontraba el relleno sanitario municipal, decidieron clausurar el sitio en defensa de su salud.
“Nosotros clausuramos el lugar y no vamos a permitir que se reabra. Nuestra molestia fue que no se manejaran bien los desechos, el lixiviado, como lo marca la ley; la basura se estaba dejando a cielo abierto. También nos preocupó que sin los cuidados necesarios trajeran los desechos del hospital 43”, relata Andrés Cervantes, vecino de Santa Cruz.
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“Aquí [en el relleno sanitario], venían a tirar sondas, gasas, agujas y material médico en general, se deshacían de ese tipo de cosas sin cuidado. Años atrás, cuando el relleno funcionaba bien, esa basura se enterraba”, afirma.
Según un grupo de habitantes de esta agencia, quienes mediante oficios que nunca fueron respondidos expusieron su preocupación ante la Secretaría de Gobierno de Oaxaca y la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, el mal manejo de los residuos afectó la salud de los pobladores de Santa Cruz, sobre todo de los niños, cuya primaria está junto al hoy clausurado relleno sanitario.
“Antes de cerrar este lugar, nuestros niños seguido enfermaban, además, aumentaron los animales peligrosos y también se están contaminando nuestros ríos”, explica Andrés.
“Existe un arroyo en la parte de abajo [del relleno], que desemboca a Punte de Fierro, arroyo que da directo a la presa Miguel Alemán”, indica un oficio con firma de recibido, entregado a la Secretaría de Gobierno estatal en junio de 2019.
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Según la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003, que determina los lineamientos de operación de seguros para los sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, los rellenos sanitarios deben estar alejados de cuerpos de agua, tener control de la fauna nociva e infraestructura para el tratamiento del lixiviado, el líquido que desprenden los desechos al descomponerse.
Ahora, ante el cierre del relleno, los habitantes de Santa Cruz han optado por quemar su basura en pequeñas cantidades, como hacen en algunas otras agencias municipales. Otra práctica recurrente, sobre todo en comunidades pequeñas, es tirar los deshechos en los sótanos naturales de la región.
Desechos “de nadie”
Sin embargo, en la cabecera municipal, que concentra mayor población, la recolección de desechos alarma. Al no contar con el relleno, la basura es depositada en el “patio municipal”, un espacio a cielo abierto, ubicado junto al módulo regional de Protección Civil y la cárcel local. Así como a unos metros del cuartel de la Guardia Nacional en Huautla.
En este contexto, el Colectivo de Mujeres Mazatecas que Miran en Favor de la Tierra ha hecho un llamado a que el municipio, a cargo del morenista Óscar Peralta Allende, garantice el adecuado tratamiento de los residuos.
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“Todos los residuos llegan al ‘patio municipal’. En el plan de desarrollo se señala en una parte que este espacio es un ‘centro de transferencia’, pero no cumple con los requisitos para ser tal y carece de certificaciones (…) Debajo de este espacio están los ríos Barbacoa, Teotitlán y Pescadito, cuando llueve todos los residuos bajan a la corriente”, señala la ingeniera civil Fátima García, vocera del colectivo.
Entre la población la alerta crece porque, de acuerdo con sus testimonios, al “patio municipal” son llevadas bolsas de desechos RPBI, además, advierten que de forma reciente se han realizado labores para su ampliación.
“Están haciendo un hoyo en la tierra y también han talado árboles para tener más espacio para la basura. En este lugar sí se depositan desechos médicos”, dice Alexis, habitante de Huautla.
Según el artículo 456 de la Ley General de Salud, puede penarse hasta con ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a 2 mil días de salario mínimo a quien, sin autorización de la Secretaría de Salud, “elabore, introduzca a territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posea, deseche o, en general, realice actos con las sustancias tóxicas o peligrosas (...), con inminente riesgo a la salud de las personas”.
Versiones encontradas
Por su parte, a petición de este diario, el ayuntamiento señaló que, “debido a una problemática sociopolítica, se ocasionó el cierre del relleno sanitario que venía funcionando de manera correcta. Ante esta eventualidad, la Dirección de Salud y Ecología se hizo cargo para el manejo de los desechos buscando un espacio alternativo”.
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Según la versión oficial, la utilización de este espacio no representa riesgo a la salud, pues “este material es trasladado cada semana o cada tres días por una empresa especializada a Tuxtepec”.
Los pobladores, en contraste, aseguran que dichos traslados ocurren una vez al mes, o en contadas ocasiones, y que los recolectores de basura no cuentan con material de protección adecuado.
En tanto, en su versión, el municipio se deslindó del manejo de residuos RPBI: “De esos desechos se encarga directamente el hospital (…) según tenemos conocimiento, el material sería llevado en un vehículo RPBI a Oaxaca o Puebla”. Sin embargo, en este sentido, la dirección del hospital decidió no dar mayores detalles.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que, tal como establece el artículo 115 constitucional, los municipios tienen a “su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos”, por lo que es un asunto de responsabilidad municipal.
