Oaxaca de Juárez.— El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Centro de Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, condenaron los recientes asesinatos de defensoras y defensores comunitarios en el estado de Oaxaca.
Afirmaron que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en Oaxaca han sido asesinados 42 defensores y defensoras de derechos humanos. Y ante ello, señalaron que en México y en la entidad se vive una crisis de violaciones a derechos humanos.
“Pues los conflictos intercomunitarios por la tenencia de la tierra, la migración y la defensa de los recursos naturales han cobrado vidas, la ambición de actores políticos y grandes empresas que asedian los recursos naturales han provocado confrontaciones en las comunidades indígenas prometiendo progreso, desarrollo y crecimiento en las comunidades; engañando, mintiendo y callando las voces de quienes no quieren ceder sus tierras y recursos”.
Ambas organizaciones denunciaron que las comunidades indígenas y sus defensores y defensoras comunitarias, viven bajo el acoso y hostigamiento de grupos criminales que operan en complicidad e impunidad total dentro y fuera de Oaxaca.
Asimismo, aseguraron que no hay garantías para la protección de los defensores y defensoras porque los mecanismos de protección estatales y federales actúan con lentitud, y los organismos protectores como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) no emiten medidas cautelares inmediatas.
También señalaron que las fiscalías integran lentamente las carpetas de investigación y limitan el acceso a la justicia.
“Todos estos factores han tenido consecuencias irreparables, pues se asesina a defensores comunitarios y no hay castigo a los actores intelectuales y materiales, lanzando un mensaje mortal a quienes defienden sus pueblos, sus derechos colectivos e individuales, ríos y tierras”.
A esto se suma la criminalización de líderes indígenas y defensores de derechos humanos, una de las formas de cómo grupos de poder económico y político someten los reclamos de los defensores de derechos humanos y defensores de los territorios indígenas.
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Las organizaciones, finalmente, exigieron el respeto al derecho a la vida y al trabajo de las personas defensoras, y la investigación y castigo a los responsables de los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.
El gobierno de Oaxaca rechazó que se viva una crisis por la violación de derechos humanos en la entidad y por el asesinato de defensores comunitarios. Lo anterior lo aseguró a través de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH), que informó que durante la actual administración, “ninguna persona defensora que se encuentra dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha perdido la vida”.
Dichas declaraciones las emitió el gobierno estatal justo tras darse a conocer las cifras presentadas por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) y el Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, en la que señala el asesinato de 42 personas defensoras durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque las autoridades oaxaqueñas las manejaron como si se trataran de datos del 2024.
“La CADH precisa que dichas cifras carecen de sustento alguno del Mecanismo de Protección, de organismos protectores a derechos humanos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o de las fiscalías del país”, afirmó la dependencia.
La Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) aseguró que durante la administración que encabeza Salomón Jara Cruz, “se destaca la disminución de casos reportados al Mecanismo de Protección del Gobierno Federal”. E insistió que se trata de “un gobierno que respeta y se preocupa por difundir los derechos de la población”.
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Según las cifras oficiales de enero del 2022 a diciembre del mismo, el mecanismo reporta la incorporación de 21 casos, de los cuales seis eran por agresiones a personas defensoras de derechos humanos.
“Mientras que, durante el 2023 el Mecanismo únicamente conoció 12 casos, de los cuales cuatro correspondían a agresiones a personas defensoras de derechos humanos, las cuales no han perdido la vida”, lo que según el gobierno estatal muestra una disminución en los reportes atendidos por dicho mecanismo.
El gobierno oaxaqueño también informó que hizo un llamado a dichas organizaciones a “no lucrar con la figura de ‘persona defensora’, ya que las declaraciones sin fundamento o fuera de contexto, en nada abonan a la construcción de instituciones sólidas y ponen en entredicho la seriedad de las agrupaciones”.
Afirmó que el término “defensora o defensor de los derechos humanos” se utiliza para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger los derechos humanos. Además, dijo que “se les reconoce por el trabajo a favor de los derechos de otras personas y no por el nombramiento que las organizaciones civiles o sociales hagan de ellas”.
“El Gobierno del Estado reconoce que las Personas Defensoras de los Derechos Humanos son fundamentales para la construcción de la democracia y del estado de derecho, por ello, la administración tiene la obligación de garantizar espacios seguros para el ejercicio de su trabajo”, finalizó en un comunicado.
jf