Cancún.- El arquitecto Tomás Auñón, dueño del hotel Club Las Velas Resort , el primero en traer el concepto all inclusive a México, se amparó en contra del probable allanamiento y aseguramiento de la propiedad, ubicada en la zona hotelera de Cancún, por parte de elementos de la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) , quienes aseguraron el inmueble el pasado 13 de octubre.
La institución argumentó que su actuación fue parte de un proceso iniciado por la empresa Chi Chi Bichi S.A. de C.V ., que afirma tener la concesión de zona federal marítimo terrestre -colindante con la propiedad- y pretende construir ahí, un hotel con más de 130 habitaciones en ocho niveles, lo que incluye un sótano para estacionamiento subterráneo, pese a que la zona está casi a nivel del manto freático.
El proyecto de esa empresa contempla además la edificación de una marina con espacio para el atraque de 40 embarcaciones alrededor de la propiedad, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sometida al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) de la Semarnat.
Para el desarrollo de las obras se tiene pensado el retiro de palmeras reales que datan de hace 35 o 40 años, que se encuentran en buen estado.
El problema es que Auñón Alonso -ya poseedor del título de concesión desde 1985, a través de Organizadora Turística Internacional (OTISA)- solicitó en 2007 la renovación a nombre de Club las Velas Resorts, y la obtuvo el ocho de diciembre de 2009 con el número DGZF-1415/ 09, mediante una figura legal conocida como afirmativa ficta, que establece que al no recibir respuesta de la autoridad, el fallo fue positivo.
Sin embargo, el siete de enero de 2011, conforme al oficio 04/ SGA/ ZFM/ 1658/ 10-000029, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) devolvió el título de concesión a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofematac), bajo el argumento de que el domicilio para recibir notificaciones estaba deshabitado y que el particular no mostró interés para darle seguimiento al trámite.
En ese contexto irregular, el siete de diciembre de 2016 Chi Chi Bichi solicitó el título de concesión y lo obtuvo el 16 de septiembre de 2018 y ha justificado su actuación bajo la premisa de que el hotel Las Velas está abandonado desde el 2001 por problemas legales.
El aseguramiento del inmueble
Con ese antecedente, el pasado 13 de octubre, a las 14.30 horas, un grupo armado compuesto por 15 personas, ataviadas en color negro y con el rostro encubierto, irrumpió violentamente en la propiedad, cortaron la malla que se tenía colocada al frente del inmueble para evitar el ingreso de personas extrañas.
Algunos de ellos portaban el uniforme oficial, la mayoría no, pero se ostentaban como elementos enviados por la FGE, relató hoy Auñón Alonso.
“Uno de ellos me informó que el operativo era por orden del señor Alberto Díaz Paoli. Pedí hablar con él, pero me informaron que estaba afuera. Debido a mi falta de movilidad les pedí lo llamaran a la entrada de la propiedad, me dijeron que el señor contestó que él no tenía por qué hacer eso y se retiró. Los trabajadores que venían con ellos tenían hachas y machetes y se apoderaron de la zona federal.
“Dijeron que tenían un oficio de la Fiscalía, el cual no nos enseñaron, ni se identificaron con alguna placa o gafete. Delimitaron la zona federal (según sus medidas, que no sabemos cuáles son, ni dónde la obtuvieron) irrumpiendo en nuestra propiedad, con cinta amarilla y en días siguientes colocaron alambre de púas en todo el perímetro, sencillo al principio y doble después. Todo esto con el fin de impedirnos el paso”, detalló.
El arquitecto resaltó que el aseguramiento de la zona federal atenta contra sus derechos y entorpece el pasó por el inmueble, ya que no tienen acceso al área, en donde además se encuentran sus oficinas.
“Desde ese día entran y salen a su aire libremente pues están apoyados por la Fiscalía y la zona quedó asegurada”, comentó.
El amparo
La situación -dijo- les llevó a promover un amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, radicado en Quintana Roo, el cual ya fue admitido, por lo cual confían en que se analicen debidamente los elementos que conforman el caso.
El juzgador había ordenado que se les diera acceso temporal para retirar sus objetos necesarios y la documentación, pero esta instrucción fue incumplida.
En paralelo al operativo que afectó a Las Velas, se realizó uno más en la propiedad de la Marina Dulché, contigua, asegurándoles también la zona federal y colocando postes y mallas para impedir el acceso.
El antecedente
La historia que rodea a la propiedad no inició el 13 de octubre, sino en 1984, cuando Tomás Auñón adquirió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), un terreno de 21 mil 600 metros cuadrados ubicado en los márgenes del Sistema Lagunar Nichupté, para construir un hotel de 284 habitaciones.
El sitio se desarrolló de acuerdo a los planos entregados por y para las autoridades competentes y a las licencias y permisos entregados entonces, todo dentro de la ley -aseguró- y el terreno fue bordeado con un muro, a manera de protección y delimitación.
La apertura del hotel bajo el concepto de Todo incluido -el primero en el país- estaba programada para 1988, pero el embate del huracán Gilberto en septiembre de ese año, pospuso la inauguración para el siguiente año.
El centro de hospedaje abrió sus puertas y se mantuvo con ocupaciones del 100 por ciento, pero en 2001 el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y sus impactos en el turismo, volvieron a representarle un escollo.
Los hoteleros acordaron bajar sus tarifas en 2002. Para el siguiente año Auñón decidió finiquitar contratos y cerrar el sitio, para modificar su concepto. Aprovechando el auge del movimiento holístico, se pensó apostarle al turismo de personas adultas mayores, con talleres o eventos que promovieran la vida sana y la espiritualidad e incluso se contactó con Deepak Chopra. El nombre que pensaron usar era el de “La Flor de la Vida”.
En julio de 2005 reabrieron el hotel, pero para octubre el huracán Wilma canceló toda su planeación y sumió a Cancún en una crisis. Dos años después, pidieron un crédito por 15.5 millones de dólares a un fondo norteamericano, se conformó un Fideicomiso y bajaron la operación del hotel a 250 habitaciones.
Una nueva crisis internacional en 2008 les complicó el escenario, el fondo que les dio el crédito quebró y entró en acción un banco británico.
Al año siguiente, inevitablemente, el hotel cerró, pero se ha mantenido habitado y cuidado por el propietario, quien había entablado conversaciones con la cadena Hilton para la compra-venta del inmueble, para abrir ahí un alojamiento de cinco estrellas.
Hoy, intentan probar que la llegada de “las tropas de asalto” que entraron a su propiedad, incurrieron en allanamiento, que se configura el delito de despojo, que la Semarnat probablemente emitió una titulación doble de concesión de zona federal o que anuló la suya irregularmente, sin notificarle y violando así su derecho de audiencia, además de que la Fiscalía les ha impedido tener acceso a la carpeta de investigación, lo cual constituye una violación al debido proceso.
El empresario admite que los cobros de zona federal, por parte del ayuntamiento de Benito Juárez, no se les notificaron; y que se adeudan 8 millones de predial, pero no por irresponsabilidad suya, sino porque ese tipo de pagos son potestad del Fideicomiso, ya demandado.
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