Los hechos de violencia que se registran en gran parte del país tienen su origen en disputas de grupos del crimen organizado que buscan imponer su dominio en poblados, municipios e incluso ciudades; luchas que son reconocidas abiertamente por las autoridades federales, pero la explicación siempre es la misma: “Un conflicto entre dos grupos rivales”.
Desde el inicio del actual gobierno, el 1 de octubre pasado, en al menos siete entidades se han registrado masacres, asesinatos y enfrentamientos vinculados con las luchas de organizaciones criminales: Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Sonora y Estado de México.
Las autoridades federales reconocen que la violencia es a consecuencia de disputas entre grupos delictivos, un mensaje que normaliza y minimiza la presencia, operación e influencia de estas organizaciones. En el país operan más de 100 agrupaciones criminales, cifra que incluye cárteles, organizaciones regionales y bandas delictivas locales que varían según sus intereses.
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Son nueve los grupos con presencia en tres o más estados: Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa (CS), Cártel del Golfo (CDG), Los Zetas, Cártel del Noroeste (CDN), La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Cártel de los Beltrán Leyva y Cártel de Caborca.
Entre los grupos regionales destaca el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), cuya operación abarca la zona Laja-Bajío de Guanajuato y Querétaro, territorio que pelea con el CJNG, con alto nivel de violencia.
“¿Cuál es el origen de esta violencia que se ha desatado? Pues es la confrontación entre grupos locales”, fue la declaración del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán.
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El caso más reciente fue en Querétaro, un estado donde la percepción de seguridad se ubica en los primeros lugares a nivel nacional.
Tras la masacre en el bar Los Cantaritos, el pasado 9 de noviembre, que dejó 10 personas sin vida y 13 heridas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, relacionó este hecho con otro ataque registrado el 7 de noviembre, también en Querétaro, donde hombres armados mataron a tres personas originarias de Guanajuato que supervisaban los trabajos en lo que sería un nuevo bar. “Estos eventos de Querétaro tiene que ver con Guanajuato. Es una rivalidad entre dos células delictivas”, explicó García Harfuch.
El gobierno federal confirmó que uno de los muertos en Los Cantaritos fue Fernando “G”, alias La Flaca, presunto integrante del CJNG. El ataque fue perpetrado por el Cártel de Santa Rosa de Lima.
Dicha disputa es la que tiñe de rojo a Guanajuato, el estado que registra el mayor número de homicidios dolosos en todo el país, con 427 sólo del 1 de octubre al 13 de noviembre, y que en ese mismo periodo sumaba 15 masacres, la detonación de dos coches bomba y el asesinato de siete policías municipales. También se contaron ataques a tres bares, dos anexos, negocios de venta, talleres, verificentros, un puesto de alimentos y dos viviendas.
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Tras la explosión de los dos coches bomba, David Saucedo, consultor en temas de seguridad, explicó que es un ataque poderoso con dos eventos de narcoterrorismo que mandan un mensaje muy contundente a los políticos, que a nivel estatal y federal les gusta mucho mandar fotos y boletines anunciando buenas intenciones y propósitos, mientras que en tierra los grupos criminales siguen operando con total impunidad y con el control de distintas regiones del estado.
“Los políticos se dedican a lanzar selfies y discursos, mientras que los grupos de narcotráfico atacan con balas y con bombas. Me parece que la narrativa de ellos es más poderosa que la de nuestros gobernantes”, aseveró el especialista.
El primer día de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, una patrulla de la 36 Zona Militar persiguió a camiones cargados con migrantes. Los elementos abrieron fuego y el resultado fue seis extranjeros que perdieron la vida y 10 resultaron con heridas graves. Este hecho es considerado por activistas como “la primera masacre de este gobierno”.
Los militares involucrados argumentaron que los camiones evadieron un retén y tenían las características de los que utilizan los grupos criminales que operan en la zona: el Cártel de Sinaloa, CJNG y Cártel Chiapas Guatemala que disputan el control de la frontera, por donde circulan drogas, armas y migrantes.
Octubre fue el cuarto mes más violento en lo que va de 2024 para Chiapas, con 71 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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El estado donde ha sido más evidente la influencia que tienen los grupos criminales es Sinaloa. Hasta el 25 de julio pasado, la única fuerza criminal en el estado era el Cártel de Sinaloa, cuyo poder quedó claro el 17 de octubre de 2019 durante el llamado Culiacanazo, el operativo fallido que realizó el gobierno federal en contra de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán, El Chapo.
A raíz de la detención en Estados Unidos de Ismael Zambada, alias El Mayo (ocurrida el 25 de julio), el 9 de septiembre se desató una confrontación dentro del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos. Esta guerra, hasta el 13 de noviembre suma 388 personas asesinadas, en su mayoría hombres jóvenes, 297 con reporte de desaparición y mil 211 despojos violentos de vehículos.
En septiembre pasado, el general de división diplomado del Estado Mayor, Francisco Jesús Leana Ojeda, señaló que el fin de la violencia en Sinaloa no dependía de ellos: “Queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer su confrontación”. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “poco a poco” se ira pacificando la entidad.
Desde octubre, el horror y masacres no han dado respiro en Guerrero, los responsables son grupos locales, entre los que destacan Los Ardillos y Los Tlacos, que disputan la capital.
El domingo 6 de octubre fue encontrado el cuerpo del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, adentro de una camioneta. Su cabeza fue dejada en el toldo. De esto se responsabiliza a Los Ardillos.
El 24 de octubre, unas 20 camionetas marcadas con las siglas GNG (Grupo Nueva Generación), irrumpieron en la cabecera municipal de Tecpan, en la Costa Grande. Iban en busca de Los Granados, que opera en ese municipio desde hace casi 20 años.
Tras las primeras balaceras ingresó el Ejército y el saldo de ese día fue de 19 muertos, dos policías municipales y 17 del GNG. En los días siguientes fueron encontrados un total de 21 cadáveres.
El 4 de noviembre la masacre fue en Acapulco, siete integrantes de una familia fueron asesinados por un grupo armado y la única sobreviviente, una menor de 12 años, fue herida de gravedad en la cabeza.
La noche del 8 de noviembre en el Parador del Marqués, Chilpancingo, se encontró una camioneta de la que escurría sangre y expedía un olor fétido. Se encontraron 11 cadáveres, de los 17 pobladores de Chautipan desaparecidos en territorio de Los Ardillos.
En el Estado de México el hecho de mayor impacto ha sido la masacre en el bar Bling Bling, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde fueron asesinados seis personas el domingo 10 de noviembre.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a Ismael Molina, alias El Buchanas, líder de una célula criminal independiente que opera en el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México, acusado de ordenar el ataque al bar.
De acuerdo con la versión oficial, el crimen fue por una disputa con otra organización y el control de la venta de droga y zonas de operación en ese municipio.
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Fuentes cercanas a la investigación reportaron que la disputa se dio con el Cártel Nuevo Imperio. En tanto, la célula de El Buchanas tenía ligas con el CJNG.
En el Estado de México, de acuerdo con un informe de la fiscalía local, de 2020 a 2024, La Familia Michoacana incrementó su presencia de 44 a 75 municipios —el total son 125—, mientras que el CJNG subió de 10 a 60 demarcaciones.